El juez del caso Alquería finaliza la investigación contra el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez y 14 investigados más

 La investigación del caso Alquería ha finalizado casi tres años después de que se iniciaran las primeras diligencias por la Fiscalía Anticorrupción que acabaron con la detención del expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de la empresa pública de la institución provincial, Divalterra, el 27 de junio de 2018. En el punto de mira judicial por los presuntos delitos de malversación y prevaricación ha estado durante todo este tiempo la presunta contratación irregular de diez altos directivos en Divalterra, con una docena de informes jurídicos en contra. Junto a Rodriguez fueron inicialmente procesados los dos exgerentes de Divalterra, Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el exsecretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de Rodríguez: su jefe de gabinete, Ricard Gallego y Manuel Reguart.

El juez da por finalizada la investigación en el auto de procedimiento abreviado notificado este mediodía a las partes que supone el inicio del trayecto final hacia la apertura de juicio oral. El magistrado considera en el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, que "dichos contratados ocupaban un 'cargo ficticio, simulado' al que acceden por pactos políticos de reparto de puestos; por cuestiones meramente de pertenencia o simpatía respecto de un partido político, que se había repartido el poder en función de los resultados electorales y no en los criterios legales requeridos", apunta el instructor.

El perjuicio a las arcas públicas que se calculó inicialmente en 2 millones de euros finalmente ha quedado reducido a 1.122.095,80 que son los sueldos que llegaron a percibir ocho de los exdirectivos contratados de forma presuntamente irregular, según el auto del Juzgado de Instrucción 9.  

El magistrado añade que para el nombramiento y contratación de los siete altos directivos investigados "no intervino el consejo de administración de Divalterra, sino que fue mandatada su contratación por el presidente de la Diputación -entonces Jorge Rodríguez-, asignando y responsabilizando a cada gerente, las personas previamente acordadas para tales puestos sin las formalidades legales necesarias, ni la intervención del órgano competente, ni las competencias ni poderes precisos para el desempeño de los cargos para los que fueron contratados".

Por tanto, a partir de las diligencias practicadas durante estos tres años, el magistrado concluye que "puede presumirse que tales nombramientos fueron claramente ilegales, producto de repartos impropios e incompatibles con la normativa sobre su designación y contratación necesaria; y se verá cómo todos los investigados fueron conocedores de ello, bien desde el momento mismo de los nombramientos bien posteriormente al incorporarse al equipo de dirección y aun así actuaron, dieron cobertura y no rectificaron en ningún momento ni aparece intención de ello en ninguno de los investigados, hasta la propia interposición de las denuncias" que dieron lugar a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2018.

En la causa también se ha procesado a Pau Pérez, Josep Lluís Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenia, Víctor Jiménez y José Ramón Tiller.