«El Derecho es lento, pero no distante. Los abogados y abogadas estamos al lado de la ciudadanía, acompañamos cada demanda social». Con esta categoricidad se manifiestan desde el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) al asegurar que han seguido «asistiendo a las personas permanentemente» desde el inicio de la crisis epidemiológica ocasionada por la covid-19.
Los retos son múltiples y los recursos, según denuncian, «insuficientes». La pandemia forzó el cierre de múltiples espacios dedicados a la jurisdicción, como la Ciudad de la Justicia, e introdujo una nueva metodología en el ejercicio de la aplicación del Derecho. Las premisas fueron claras: minimizar la presencialidad y apostar, por tanto, por el teletrabajo. No obstante, desde la entidad lamentan que este afecte a la «calidad y efectividad de los procesos judiciales», unas cualidades que se ven «vulneradas» ante la falta de recursos, tanto técnicos como humanos. «Estamos reinventándonos, hemos tenido que aprender a hacer juicios de otra forma», reconocen, «pero cuesta mucho adaptarse».
En este sentido, admiten ser «partidarios de que, en la medida de lo posible, las vistas se realicen de forma presencial siguiendo todas las medidas de higiene y seguridad dictadas por Sanidad». Su argumentario se sustenta en una precariedad que ha llevado a suspender juicios y dificultar el desarrollo de los mismos. «Se han cancelado juicios porque las salas previstas para los mismos no estaban adaptadas a nivel tecnológico», esgrimen, «los confinamientos también han obligado a aplazar muchos procesos». «El registro de procedimientos suspendidos en la Comunitat Valenciana es enorme, la gente está enfermando. Los juzgados no están funcionando al 100 %, todo se ha ralentizado», exponen. Así, alertan de que «no se ha conseguido paliar la demora histórica». Por un lado, los empleados del ministerio público y los profesionales del Derecho no pueden desarrollar su actividad de forma telemática al no disponer de expedientes y documentación clasificada sometida a una estricta cadena de custodia. Por otro, desde el ICAV argumentan una carencia de efectivos -actualmente, bajo este colegio valenciano se integran más de 12.000 letrados y letradas-, aunque admiten que «el mayor reto es la adaptación tecnológica.
Demandas de la abogacía valencian
Como exponen desde el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, entre las quejas más recurrentes de los profesionales de la abogacía se encuentran las suspensiones de juicios y el desarrollo de su actividad en espacios que no reúnen las condiciones óptimas. En este punto, desde el colegio denuncian que «muchas comisarías no están pensadas para que se respete la distancia de seguridad entre letrado y representado».
Asimismo, una encuesta realizada hace tan solo un mes por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) señala que casi el 40 % de los abogados de la Comunitat Valenciana ha visto cómo se reducían hasta un 25 % sus ingresos. Preguntados por cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado, el 41 % expone que la reducción de asuntos y la acumulación de los mismos a causa del confinamiento.
En este sentido, la entidad valenciana propone alternativas, como la digitalización de los expedientes, y reclama una mayor inversión por parte de las entidades gubernamentales. «No hay inversión ni personal ni medios para poder trabajar», destacan. Unos recursos que no solo les permitirían aportar soluciones a la sociedad con más agilidad y garantías, sino prevenir problemas como los habitacionales (ocupación, arrendamientos, etc.) o los laborales (expedientes de regulación, cese de la actividad profesional, etcétera).
