El juez del caso Alquería ha dado por finalizada la investigación por presunta malversación y prevaricación contra el expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a su círculo más cercano de colaboradores y otros cargos del PSPV y Compromís.

En el punto de mira judicial están los contratos de alta dirección en Divalterra, sin avales jurídicos, que impulsaron Rodríguez y los exgerentes de Divalterra, Jose Ramón Tiller, Xavier Simón (ambos por el PSPV-PSOE) y Agustina Brines (Compromís) y que se repartieron ambas formaciones políticas.

Unas contrataciones «que se produjeron por presuntos intereses políticos» y que se repartieron entre «PSOE y Compromís con el objetivo claro de mantener el equilibrio entre ambos partidos políticos gobernantes en la nueva legislatura de la Diputación de València». Y que se adoptaron, según el relato del titular del Juzgado de Instrucción 9 de València y de la Fiscalía Anticorrupción, contraviniendo toda la normativa legal en materia de contratación pública.

Hasta doce informes en contra advirtieron a Rodríguez y su equipo de que los contratos de alta dirección en Divalterra no estaban justificados legalmente. «No consta ningún informe técnico que justificara la necesidad de tales contrataciones» que propiciaron que la empresa pública de la diputación pasara de tener un gerente/alto cargo cuando era Imelsa y a tener «diez gerentes o altos directivos» cuando comienza su andadura como Divalterra. De estos diez contratos de alta dirección sólo se investigan siete porque fueron los que se impulsaron al margen del consejo de administración de Divalterra. Y porque, según el auto, estos «siete supuestos altos directivos no tenían capacidad para representar a la empresa, no ejercían ninguna función como altos directivos, salvo los beneficios propios a efectos económicos de dichos cargos y de los intereses de los partidos políticos que proceden a su imposición y nombramiento, bien del PSOE, bien de Compromís».

Sin funciones

El magistrado del caso Alquería también añade que «no existe evidencia alguna» de que los siete altos directivos «hayan realizado funciones rectoras en Imelsa-Divalterra». De hecho, durante la etapa en la que estuvieron contratados (de 2015 a 2018) las cuentas de la empresa «no reflejan la necesidad de dotar de más presupuesto para creación, ni desarrollo de nuevas áreas» e incluso «disminuyen de forma anual desde los 27,9 millones de 2015 a los 22,8 millones de 2018». Datos que, a juicio de los investigadores, «no avalan en modo alguno por el aumento de la actividad o presupuestaria la contratación de los altos directivos».

Los contratos supusieron un perjuicio a las arcas públicas de 1.122.095,80 euros. Y sirvieron para crear áreas de gestión «vacías de contenido» en las que únicamente figuraban los altos directivos, sin técnicos o personal a su cargo, según declararon testigos en la causa. Los elegidos para estos contratos, con sueldos entre 51.004,94 y 58.665 euros anuales, fueron Soledad Torijo, Medio Ambiente; Josep Lluís Melero (exconcejal en Silla), Promoción Económica; Raúl Ibáñez (militante de Sueca), Administración General, y Pau Pérez (exconcejal en Oliva), Turismo, por parte de Compromís. Y Manuel Carot, Zonas Verdes; Salvador Femenia (alcalde de l’Alquería de la Comtessa, topónimo que dio nombre a la causa), Medio Rural, y Miguel Ángel Ferri, Estudios, por el PSPV.

Delitos continuados

Unas contrataciones que, para los investigadores del caso Alquería suponen la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de forma continuada al «haberse producido una contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa» de los siete altos directivos contratados en noviembre de 2015 más otros dos en febrero de 2018 (uno de ellos renunció y contra otro se ha decidido sobreseer la causa).

El presidente provincial del PP de Valencia y portavoz en la Diputación, Vicente Mompó, exigió al alcalde de Ontinyent su dimisión tras conocerse su procesamiento. Y la portavoz de Ciudadanos Rocío Gil considera que los indicios del juez instructor «confirman la opacidad que Cs denunció siempre».

Rodríguez: «Siempre he actuado dentro de la legalidad»

Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza consideran que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser «inocentes» y de haber actuado siempre dentro de la legalidad. Aseguran tener claro que llegarían a juicio oral puesto que «era imposible» que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó cerraran el caso «después de la operación policial antiterrorista que desplegaron».