El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante -integrado por PP y Cs- retiró ayer del orden del día del pleno el punto destinado a tratar las enmiendas al proyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Durante la sesión, el presidente de la institución, Carlos Mazón, justificó la decisión «en aras del diálogo y la búsqueda de acuerdo».
«Queremos apurar todas las vías del diálogo, porque estoy convencido de que si hay voluntad, habrá acuerdo», aseveró el dirigente popular. En este sentido, pidió comparecer en las Corts junto a los expertos para exponer la postura de la institución y los informes jurídicos y técnicos que «de forma rigurosa» respaldan su posicionamiento, en el que apela, entre otras cuestiones, a la autonomía local. Cabe recordar que la corporación provincial anunció el pasado octubre que llevaría ante el Tribunal Constitucional el fondo municipal del Consell al considerar que se atentaba contra la autonomía política y financiera de la diputación.
Buscar soluciones
Mazón también solicitó ayer la convocatoria de la comisión bilateral con la Generalitat para abordar esta cuestión y buscar «soluciones en ese foro de diálogo». «Tiempo habrá para enmiendas en las Corts si esto falla y para tratar de evitar, cosa que no queremos, otras vías», confió.
Mazón también reiteró la voluntad de consenso y recordó, al respecto, que la presidencia de la institución provincial «ha pactado hasta cuatro fondos o estrategias de inversión en esta legislatura».
El pleno telemático aprobó también, con los votos a favor de PP y Cs, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, que permitirá reducirlo en más de un 50 %, pasando del 20,5 % al 10 %.
El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, explicó que esta medida, de la que se beneficiarán más de 8.500 empresas de la provincia, busca «paliar, en la medida de lo posible, y como una acción más, los efectos económicos perniciosos de la covid-19». La rebaja, que tendrá efectos jurídicos desde el 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su cambio o derogación expresa, reducirá por este concepto los ingresos de la diputación de 6,5 a 3,3 millones de euros.
También aprobó una moción del grupo Compromís, con el apoyo de Cs y PP, para que el personal docente se considere «prioritario» en la segunda fase de vacunación contra la covid.
