La Conselleria de Participación y Transparencia ha incrementado las dietas que hasta ahora venía pagando a los miembros del Consell Valencià de Transparència, el órgano interno dependiente de este departamento que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de Transparencia. El gesto, sin embargo, llega con años de retraso y en un momento en que las consejeras y consejeros que componen este organismo de control están en funciones y pendientes de renovación.
En concreto, y según la resolución difundida ayer en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), las indemnizaciones por asistencias a la comisión ejecutiva pasan de 400 euros para la presidencia a 600 y de 300 a 500 para los vocales. En la misma resolución, la conselleria admite que el trabajo realizado por los miembros de la comisión ejecutiva no solo consiste en asistir a las reuniones del consejo, sino que conlleva un trabajo de estudio pormenorizado y preparación de todos los asuntos que se someten a pleno.
El decreto añade que ha habido un claro incremento de solicitudes dirigidas al Consell de Transparència, lo que conlleva un aumento de la carga de trabajo sin que ello haya llevado aparejado un incremento de las indemnizaciones para compensar este esfuerzo de personas que carecen de dedicación exclusiva, es decir, solo cobran dietas.
Cabe recordar que desde 2018, este órgano ha reclamado al Consell del Botànic una mayor compensación y las quejas han sido reiteradas ante la presión de trabajo y la falta de medios personales para poder cumplir sus funciones dignamente. Además, desde hace mucho tiempo el consejo ha solicitado tener personalidad jurídica propia para evitar la dependencia que actualmente tiene de una administración a la que debe controlar.
De hecho, según ha podido saber este diario, el consejo no solo está al límite, sino que además su descontento es mayúsculo por lo que consideran un ninguneo constante que se arrastra desde el primer Botànic cuando la conselleria etapa en manos de Compromís y su titular era Manuel Alcaraz. Un malestar que ha quedado plasmado en las memorias anuales del organismo, así como en declaraciones de los miembros, entre ellos, el de su presidente Ricardo García Macho.
El movimiento de la Conselleria de Transparencia se produce en un momento en que la renovación del consejo está en el aire y, no es casual. Transparencia ha llevado a las Corts un proyecto de ley para modificar el consejo, de tal manera que, si los cambios se aprueban, el órgano pasará a estar formado por tres personas, todas ellas con dedicación exclusiva y con rango de dirección general. Se trata de un proyecto antiguo propuesto la pasada legislatura, pero que ha hecho suyo los actuales responsables de EU.
A la espera del cambio legal
El problema de fondo es que no hay fecha para la aprobación de esta modificación legal (existen incluso diferencias internas dentro del tripartito sobre su contenido), pero, además, una vez aprobada ley se necesita una mayoría reforzada para que las Corts elijan a los nuevos responsables, un consenso que se antoja complicado dada la actual polarización del parlamento y porque, además, son nombramientos sensibles.
En las actuales circunstancias, tanto de crispación política como de calendario parlamentario, podrían pasar meses antes del acuerdo. En teoría, durante este tiempo, el actual consejo seguiría en funciones, pero el malestar interno es tal que no es descartable que hubiera antes dimisiones.
Cabe recordar que ya hubo una baja a mitad de la pasada legislatura: la de la consejera propuesta por Compromís Isabel Lifante que tardó meses en cubrirse. En su adiós, Lifante ya denunció que tras dos años y medio de funcionamiento los medios, sobre todo, personales, eran insuficientes. El cese dejó en evidencia las carencias de este órgano y la falta de sintonía con los responsables políticos.
En este contexto, la propuesta del departamento que dirige Rosa Pérez podría entenderse como un intento de frenar el descontento creciente y tratar de retener el actual consejo, ya que podría quedarse sin responsables.
