El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de València, al que ayer se comunicó su procesamiento en el caso Alquería por la contratación de siete altos directivos en Divalterra, asegura que se mantendrá al frente del consistorio de la capital de la Vall d’Albaida «hasta que acabe la legislatura». No tiene intención de presentar su dimisión a pesar de que el previsible plazo de un año se sentará en el banquillo de los acusados para hacer frente a las acusaciones de presunta prevaricación y malversación por las contrataciones supuestamente irregulares de siete altos directivos. Las elecciones municipales no se celebrarán hasta 2023.

Unos contratos que Rodríguez sigue defendiendo a pesar de que lo han dejado al borde del banquillo de los acusados. «Imelsa era una empresa saqueada y, en lugar de cerrarla, pensamos cómo remontarla y decidimos crear estas plazas con directivos que se encargaran de cada área para cumplir con las funciones que tuvieran encomendadas». Rodríguez añade, además, que los altos directivos, en contra de lo que asegura el juez del caso Alquería, «eran personas que fichaban en la empresa y ejercían funciones directivas imprescindibles de representación ante alcaldes o instituciones. Trabajaban, no eran zombis». Además, añade Rodríguez, de haber acreditado «el trabajo que realizaban que no ha sido tenido en cuenta».

«No eran áreas sin contenido. De una dependían los 600 brigadistas de Imelsa», explica Rodríguez. Y en otras, como el área de regeneración de zonas verdes urbanas, «se preveía generar una segunda actividad para los brigadistas de edad más avanzada con menos exigencia física. Se había comenzado a trabajar en ese sentido con informes sobre el cambio de situación de estos brigadas», defiende Rodríguez.

Aunque ahora Rodríguez admite que «visto el resultado, obviamente no fue la mejor solución» querer afrontar el clientelismo en Imelsa, con los conocidos antecedentes de enchufismos masivos en las brigadas forestales, mediante la contratación de diez altos directivos, también a dedo y sin proceso de selección. «Aunque tengo claro que fuera o no la mejor decisión, no quiere decir que fuera ilegal. Elegimos la fórmula del alto directivo porque es más ventajosa porque va ligada a las gerencias y el cargo desaparece cuando los gerentes se sustituyen».

Rodríguez disiente rotundamente sobre la existencia de doce informes contrarios a las contrataciones y sólo uno a favor, el realizado por el letrado y secretario de Divalterra, Jorge Cuerda, también procesado en la causa, según recoge el auto del Juzgado de Instucción . «Disentimos totalmente, Hay informes favorables y desfavorables. Estas contradicciones son las que nos hicieron encargar al jefe de los servicios jurídicos un informe que aseguraba que había dos maneras de afrontar esta situación: manteniendo los contratos o rescindiéndolos».

Sin embargo el alcalde de Ontinyent lamenta que no se les haya permitido evidenciar estas contradicciones y que se hayan rechazado sus peticiones de declaraciones o periciales.

«Hemos solicitado las declaraciones del jefe de los servicios jurídicos, del interventor de la Diputación o de los autores de algunos informes, pero todos se nos han denegado. Yeso genera indefensión porque ningún abogado de las defensas han podido preguntarles», ya que algunos comparecieron cuando la causa estaba bajo secreto del sumario.

De ahí que Rodríguez y su entorno aseguran no sorprenderse por las tesis que defiende el Juzgado de Instrucción 9 en el auto de apertura de procedimiento abreviado notificado el miércoles a las partes. «»No nos sorprende y era lo que esperábamos. Es la misma teoría que el juez y el fiscal han mantenido desde el principio y es imposible desmontarla porque se nos ha impedido aportar testimonios y pruebas». Aunque Rodríguez tampoco ha querido declarar de forma voluntaria ante los investigadores del caso Alquería. «No tenía ningún sentido, porque teníamos claro el final y pensaba que no hacía ninguna falta».

El resto de partidos en el Ayuntamiento de Ontinyent también se pronunciaron ayer sobre el procesamiento del alcalde. Compromís considera que «es un dia triste para nuestra ciudad ya que no es nada positivo para nuestra imagen que el alcalde y su jefe de gabinete estén procesados en una causa judicial». El PP también califica de «muy lamentable» el procesamiento de Jorge Rodríguez y apela a «la responsabilidad política e individual de cada uno». Por último, la secretaria general de la Vall ens uneix y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Ontinyent, Natalia Enguix, muestra su apoyo y el de su partido a Rodríguez y sus colaboradores. Ycritican la «indefensión» sufrida por los acusados durante la instrucción al tiempo que recuerdan que en Ontinyent «creemos «firmemente en la honradez de su alcalde y de sus colaboradores más estrechos».