Uno de los casos que la Agencia Antifraude ha puesto como ejemplo ante las Corts de documentación que el PP le exige y que no puede dar porque está en curso es la de una investigación en la que estaba inmerso un funcionario, en este caso un agente local, al que la agencia dio estatus de protegido y que ha acabado en condena al Ayuntamiento de Torrevieja, donde gobiernan los populares.
El director de la Agencia, Joan Llinares, ha enviado a las Corts un escrito en el que pide amparo al presidente, Enric Morera, y se queja de que los populares traten a la agencia como una conselleria más en sus peticiones de información, por lo que Llinares siente vulnerada su independencia.
La síndica adjunta y secretaria general del PP, Eva Ortiz, reclamó ayer al Síndic de Greuges que investigue lo que considera «un intento» de Antifraude de «obstaculizar» el trabajo de los diputados.
Ortiz asegura que es «insólito» que el máximo responsable de un órgano sometido al control de las Corts, como Antifraude, se dirija a la Cámara para pedir que se limiten las facultades de control de los diputados y asegura que lo que pide Llinares está «claramente incurso en prevaricación».
El director de la Agencia Antifraude ha pedido aprovechar que la cámara ha iniciado un proceso de revisión de su propio reglamento para incluir que los diputados y diputadas no podrán solicitar a la agencia Antifraude documentación e informes relativos a expedientes de investigación.
