Tras la apertura por el Ministerio de Igualdad de un período de consulta pública previo a un proyecto de ley, la llamada “ley trans”, que establecería la “autodeterminación de género” (“de sexo”), ocho mujeres feministas con una larga trayectoria enviaron una carta abierta al presidente del Gobierno, que recogió en la primera semana más de 6.700 adhesiones. En la misiva, las firmantes aseguraban que “la autodeterminación de sexo es un imposible” y su estipulación legal provocaría “una situación grave que sin duda compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras”. Por todo ello, reclamaban que no se procediera a legislar sobre la materia sin antes sostener un «debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza».
La carta, originalmente firmada por Laura Freixas, Marina Gilabert, Ángeles Álvarez, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón, Juana Serna y Amelia Valcárcel, ha recogido hasta la fecha las firmas de otras 6.743 personas y asociaciones.
LA CARTA
DECLARACIÓN DE LAS FIRMANTES DE LA CARTA ABIERTA al presidente del gobierno, TRAS CONOCER EL BORRADORDE LA LEY MONTERO:
Frente a la propaganda que presenta la ley Montero comoun avance en derechos humanos, las abajo firmantes creemos que se trata, al contrario, de un retroceso. Y frente a la idea fatalista de que la sociedad que esa ley esboza es“lo que viene” y sería inútil oponerse a ella, creemos que sua dvenimiento no es inexorable.
Ante la difusión pública del borrador de la “Ley para la igualdad real yefectiva de las personas trans”, presentada por el Ministerio de Igualdad como un supuesto avance en derechos humanos, las abajo firmantes creemos que se trata, bien al contrario, de un retroceso en las políticas de igualdad entre los sexos. Señalamos algunos de sus más controvertidos aspectos.
Pone en peligro a la infancia
Es una propuesta de ley que pone en riesgo a la infancia y menores de edad. Referirse a una “infancia y menores de edad trans” no es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil.
El borrador de la ley fomenta que niñas, niños y jóvenes en edades tempranas, en las que ni el cuerpo ni el cerebro se han desarrollado, tomen
decisiones no informadas, sino inducidas -bien sea por contenidos de transmisión educativa interesada o sesgada, la no aceptación del propio cuerpo o no atenerse a los estrechos moldes de los roles sexuales-, que les dirigen a suponer que su identidad es “trans”. La hipotética suposición de una “infancia o menores trans” aboca al uso de bloqueadores de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado. (Artículo27.2). Eso les expone a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos pues para ellos es suficiente expresar “me siento/soy…” .
La idea de una “identidad trans “en los menores se sostiene empecinadamente contra el criterio de los profesionales que trabajan en las unidades de endocrinología y que han indicado que un 85% de menores desisten del supuesto “ser trans” cuando superan la pubertad.
Como consecuencia de estas políticas educativas, que ya están siendo cuestionadas en Reino Unido tras las denuncias presentadas por jóvenes que fueron encaminadas a esos tratamientos (caso Keira Bell), el número de niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavistock, especializada en identidad de género, se incrementó en más de un 4.000% en menos de 10años, y en la Comunidad de Cataluña, activamente implicada en estaspolíticas, el incremento fue de más del 2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a niños.
Reclama una “despatologización” que medicaliza
Certificar no es patologizar, y toda medida no común se certifica, desde el carnet de conducir al grado de discapacidad. Irónicamente, se exige “despatologizar” cuando se propone una medicalización permanente, especialmente dura en el caso de la infancia. Una “despatologización” extrema presenta como mera elección lo que es un proceso de sufrimiento que requiere acompañamiento psicológico hacia otras alternativas que no sean la transición, alternativas que no contempla esta ley.
Diluye la violencia de género
En las propuestas normativas se acuña la expresión “violencia intragénero” como aquella producida “entre personas del mismo género”. Ello rebaja los fines con los que en su día se aprobó la ley de violencia contra las mujeres, acercándose estas propuestas normativas a la “violencia intrafamiliar” planteada por la extrema derecha.
Sustituye sexo por identidad de género
El género es la construcción cultural de los estereotipos sexuales. Al dar carta de naturaleza a las “identidades de género”, el borrador de ley afianza el sexismojerárquico
que estos estereotipos comportan. El reconocimiento jurídico de la “identidad de género” vacía de contenido la categoría “sexo” y convierte en algo subjetivo la pertenencia a uno u otro sexo. De resultas, la desigualdad por razón de sexo se convierte en irrelevante. Y si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes.
Por último, el texto define “identidad de género” como “la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer” (art.4.1.), pero una ”vivencia interna e individual” no puede generar efectos legales.
Difícilmente se puede legislar en materia de sensaciones, íntimas convicciones, sentimientos o deseos. Si así se hiciera, serían leyes no inclusivas y claramente discriminatorias.
Crea un sujeto jurídico ficticio
Se crea un nuevo sujeto jurídico: las “personas trans”, un genérico inespecífico que acaba por usurpar la voz no solo de las personas transexuales, sino del conjunto del colectivo LGTBI. Difícilmente lesbianas, gais, transexuales, travestis, bisexuales e intersexuales encontrarán en el texto medida concreta alguna que dé cuenta de su problemática específica.
Es inconstitucional
Por otro lado, algunos preceptos de este proyecto de ley son claramente inconstitucionales. Su falta de claridad lingüística atenta a la “seguridad jurídica ”exigida por el artículo 9.3 de la Constitución española. Así, el término “género”, que hace referencia a los comportamientos y formas culturales que se pueden adoptar en relación con el sexo, se confunde a lo largo del texto con el sexo, que es la conceptuación que divide a las personas biológicamente en mujeres y hombres.
En resumen, y volviendo a nuestra declaración inicial, tal propuesta de ley, lejos de afianzar la igualdad entre los sexos, es un retroceso. Son muchas sus insuficiencias que en este breve comunicado no podemos exponer, pero sirva como conclusióngeneral que cuestiona aspectos muy relevantes de nuestro sistema legislativo.
Firmantes:
Ángeles Álvarez
Laura Freixas
Marina Gilabert
Alicia Miyares
Rosa María Rodríguez Magda
Victoria Sendón de León
Juana Serna
Amelia Valcárcel
Después de que el Ministerio de Igualdad haya dado un nuevo paso adelante presentando un borrador de dicha ley y tras examinar dicho texto, las firmantes de la carta inicial concluyen que no se sostiene jurídicamente, y que su aprobación provocaría, además de una confusión notable, efectos arrasadores sobre la seguridad jurídica, la infancia, la educación, el deporte femenino, los espacios seguros para mujeres, los derechos de las personas transexuales, la libertad de expresión y todas las leyes y políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad entre los sexos.
Las firmantes consideran que “frente a la propaganda” que supone presentar la ley Montero como un avance en derechos humanos, muy al contrario, se trata, de un retroceso y consideran que “el advenimiento de esa norma no es inexorable”.
