La Audiencia de València ha sancionado con 800 euros a varias feministas, acusadas de participar en incidentes ocurridos entre la Policía y los piquetes de manifestantes durante las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019.
Aquellas huelgas feministas se saldaron con veinte multas por faltas de orden público, sanciones que ascendían a unos 11.000 euros y que fueron recurridas en vía judicial tras agotar la administrativa; la Audiencia celebró tres juicios para estudiar esos recursos, y mientras que el primero se saldó con absoluciones, los otros dos han acabado en condena. Las sanciones impuestas suman un total de 800 euros, ya que a las multas de 100 euros deben sumarse las costas judiciales impuestas, según informan fuentes del movimiento feminista.
«A un mes de la celebración del 8 de marzo, la Assemblea Feminista de València denuncia estas condenas, que castigan a las feministas que se manifestaron en la calle durante unas jornadas de huelga convocada legalmente», explican en un comunicado.
Según las feministas, la sentencia del primer juicio «reconocía la falta de objetividad del informe de los agentes y, a la vez, hacía patente cómo el principio de veracidad vulnera la legítima defensa y demuestra que el Estado prioriza sistemáticamente la sanción por encima de derechos fundamentales como son los de huelga y manifestación». En cambio, en los dos procesos siguientes, «la justicia se ha aliado con la represión política hacia el movimiento feminista», señalan.
La asamblea pone en cuestión la disparidad de las sentencias: «¿Cómo es posible que la palabra de los policías en esta ocasión sí que se considere objetiva y verdadera, cuando una sentencia anterior demostraba la animadversión del dispositivo policial contra las feministas en huelga?».
