La escuela concertada ha solicitado a la Conselleria de Educación que también se les incluya en el nuevo decreto que, de cara a 2021-22, remodela la orientación educativa. Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), la patronal Feceval-CECE y el sindicato FSIE piden modificar la actual redacción del borrador del texto para incluir en varios puntos a «todos los centros sostenidos con fondos públicos» (donde también entra la concertada) y no solo a aquellos de titularidad de la Generalitat Valenciana (los públicos, y como consta en algunas partes del borrador actual).

Entre otras cosas, el nuevo decreto de orientación educativa que ultima el Consell elimina los servicios psicopedagógicos escolares (SPE) y distribuye al personal orientador en los centros públicos de Infantil y Primaria (CEIP), por lo que dejarán de ser agentes externos. En concreto, según los datos que facilitó la Conselleria de Educación, el próximo curso los centros con entre 5 y 16 unidades compartirán un orientador con otro colegio; los que tengan de 17 a 29 , tendrán uno a tiempo completo y aquellos con 30 o más grupos, dos profesionales. Además, los centros con un 70 % de alumnado con necesidades de compensación de desigualdades contarán con un orientador extra.

Se contratarán 801

No obstante, la concertada no recibirá ninguno de los 801 profesionales que se contratarán (un 32 % más). Por eso, desde Escuelas Católicas demandan también orientadores para sus centros, igual que Feceval-CECE y Fsie. «Estamos fuera y no tiene ningún sentido, lo justo es que estos alumnos gocen de los mismos recursos que gozan los de la escuela pública, para no crear dos niveles de alumnado», denuncia el sindicato.

Según las fuentes consultadas, esta es una cuestión compleja, pues conlleva que haya una partida presupuestaria ya que los centros deberían recibir los pagos delegados correspondientes a estos profesores para poder contratarlos, pues el procedimiento es diferente que con los centros públicos. Aunque desde Escacv y Feceval dan por sentado que el próximo curso no contarán con estos profesionales en sus centros, se muestran satisfechos con el compromiso de la conselleria de mantener, a pesar de los cambios, la misma atención inclusiva que está recibiendo el alumnado este curso. Por ejemplo, en el caso de los especialistas de Audición y Lenguaje (AyL).

Como explican, en la comisión de seguimiento celebrada el pasado jueves, la conselleria les trasladó que se estudia la vía para que estas atenciones se mantengan con dotación horaria a través del Plan de Actuación para la Mejora (PAM), uno de los planes de refuerzo con el que habitualmente se amplían las plantillas de los centros. Eso sí, para que esto sea posible, la convocatoria para 2021-22 debería salir con la suficiente antelación para contar con los especialistas ya en septiembre, dicen las fuentes consultadas.

«Se han comprometido con dotarnos de recursos y es posible que el decreto admita algunas de nuestras aportaciones. La conselleria se ha mostrado muy atenta y disponible y sí está por la labor de dar una ‘vuelta’ para que la atención no sea solo para el 70 % del alumnado y se deje fuera a nuestro 30 %», apunta Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escacv.

En la misma línea, Alberto Villanueva, presidente de Feceval-CECE, afirma que «sin los SPE nos quedábamos cojos y no sabíamos qué iba a pasar pero se han comprometido en que no se va a perder ningún recurso de los que tenemos actualmente y que podremos tener orientadores en un futuro próximo, aunque no lleguen el próximo curso, por lo que tendrán que seguir pagándolos las familias». Villanueva considera que «la filosofía del nuevo decreto es mucho más acertada que la actual. Mejor si están directamente en los centros».

Las dos últimas semanas, la conselleria ha recogido todas las aportaciones de diferentes ámbitos y entidades para enriquecer el documento y también se han reunido con los representantes de los directores de los 34 SPE. Son los trabajadores de estos servicios y parte de los sindicatos de la Mesa de Educación los que se oponen a la reorganización. Sobre la concertada, desde Educación aseguran que «evidentemente continuarán recibiendo atención».