La mayoría de las denuncias que recibe la Agencia contra el Fraude y la Corrupción provienen de la Administración Local. La contratación y la gestión de recursos humanos y, sobre todo, la selección de personal han ganado peso entre las denuncias que recibe el organismo que dirige Joan Llinares, que ayer compareció en las Corts Valencianes para dar cuenta de la memoria de 2019, una intervención que se ha aplazado por la pandemia.

Llinares vinculó el peso de las denuncias sobre contratación pública con el retraso de la mayoría de procesos de selección públicos como consecuencia de la covid-19. El responsable de la Agencia Antifraude añadió que históricamente la contratación ha sido un terreno abonado al fraude y la corrupción.

De ese modo explicó que durante 2020 ha sido la contratación pública el ámbito con más denuncias mientras que en 2019 lo fue la gestión del personal. En su opinión, la pandemia ha provocado más riesgos si cabe y por eso alertó que se hace necesario incrementar la vigilancia ante la llegada de los fondos europeos, porque la propia Unión Europea considera que este montante de dinero es proclive a generar casos de posibles fraudes. Añadió que es probable que esa vigilancia la ejerza la agencia de oficio.

Publica 51 informes acabados

Llinares anunció en las Corts Valencianes que la agencia acaba de publicar todas las resoluciones finales de investigación desde que comenzó su andadura en el año 2017, con un total de 51.

Sobre la Administración Local señaló que la edad media del funcionariado está entre 52 y 55 años y que cuando la agencia detecta alguna cuestión conflictiva, la respuesta de los funcionarios siempre suele ser que así se ha hecho toda la vida.

También señaló que el mundo de las subvenciones es un factor de riesgo de corruptelas enorme si este no se desarrolla con controles y sistemas de detección de desvíos. Pero la dificultad para el control interno se produce en muchas ocasiones con la falta de personal, añade.

Y una de las áreas más oscuras es la ejecución de los contratos, ya que «se está subcontratando absolutamente todo», afirma. En esa subcontratación suelen aparecer conflictos de intereses que cuestan muchos millones de euros, añadió.

Por otra parte, Llinares defendió que la agencia ha reducido «un poco» su coste en 2021, y confío en poder «reducirlos más» el próximo año si se supera el problema de alquiler de la sede que arrastran.