Caso Alquería: Rodríguez niega intereses partidistas en los contratos de directivos en Divalterra

Así consta en el recurso de apelación que ha presentado la defensa de Rodríguez, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto de procesamiento por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos. El magistrado aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de esos contratos para favorecer a afines del PSPV y Compromís y cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.

El letrado de Rodríguez difiere de estos argumentos. En su recurso, indica que la resolución del juez es "errónea" y "no ajustada a derecho". Así, desvincula en primer lugar a Rodríguez y al resto de investigados -14 personas más- de la preparación de los contratos de alta dirección y recuerda que fueron elaborados por los servicios jurídicos y por el departamento de recursos humanos.

"Rodríguez -se señala- no tuvo intervención alguna en la contratación de los responsables de área y, algunos de ellos, como ha quedado acreditado, ni siquiera lo conocían y viceversa". "Teniendo cada gerente unas áreas determinadas, era a ellos a quiénes competía poner al frente de las mismas a personas capaces de llevar a cabo una ardua tarea, que era reflotar la empresa", ha apostillado.

Así, agrega que para estas contrataciones, los gerentes hicieron un proceso de selección "con estudio de currículums y entrevistas a varios candidatos". Y se contrató a personas "con un amplio currículum y experiencia en cada materia, verdaderos profesionales que realizaron una labor intachable", se destaca.

Por este motivo, la defensa de Rodríguez reitera que el juez incurre en un "error" al señalar que los contratos tenían una afinidad política, "carente ello de todo sustento probatorio".

Estructura caótica

En el auto se indica que la reestructura de la empresa y las nuevas incorporaciones no eran necesarias y se debieron única y exclusivamente a intereses partidistas. "Nada más lejos de la realidad", advierte el letrado.

Así, recuerda que Rodríguez accedió a Divalterra en junio de 2015 y, además de encontrarse la situación en la que se encontraba inmersa la entidad por el caso Taula, la estructura era "caótica". "Ello prueba el error del juzgado al considerar que las contrataciones de personas de confianza que estuvieran al frente como responsables de cada una de las áreas en las que se reestructuraba la empresa no tuviera razón de ser, señalando dicha contratación, sin fundamento alguno, a intereses de partido".

"Ello no fue así -alega-, y así queda acreditado a lo largo de la instrucción con las declaraciones de los propios investigados y de la documentación aportada por éstos, puesto que se trataba de gestionar una empresa con casi 800 trabajadores y que realizaba multitud de encomiendas de la propia diputación, existiendo una serie de departamentos totalmente desorganizados".

A su entender, "basta una lectura de los curriculums de cada una de las personas contratadas para comprobar, no solo la preparación académica de cada uno de ellos, sino incluso su experiencia profesional en cada una de sus especialidades".

Informe económico

El letrado también se queja en su recurso de que el juez no ha valorado el informe económico que aportó la parte: "Gracias a la gestión de estas siete personas, ahora injustamente investigadas en esta causa, que estuvieron al frente de cada una de las áreas, realizando su trabajo día a día, ha quedado acreditado, con el informe económico aportado por esta parte, que la misma fuera máseficiente y productiva, e incluso pasar de un saldo en tesorería de 3.718.286 euros a fecha 1 de enero de 2015 a un saldo de 9.869.382 a fecha 31 de diciembre 2018, incluso con un presupuesto de 25.434.706 en 2015 a un presupuesto de 18.021.880 para el ejercicio 2018".

A su juicio, "el sueldo de estas personas contratadas, no solo ha estado debidamente justificado con todas sus memorias y trabajos realizados y acreditados, sino que el mismo ha sido eficiente, ahorrando a la entidad nada menos que seis millones de euros en un periodo de cuatro años".

Como conclusión, la defensa de Rodríguez señala: "la propia resolución y la prueba practicada en instrucción concluye que el trabajo se realizó por los contratados, que su sueldo está perfectamente justificado y la gestión del órgano de Administración y su presidente no ha perjudicado económicamente a Divalterra".

Por su parte, Ricard Gallego, exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez, también ha recurrido el procesamiento y ha alegado que nunca formó parte del equipo de dirección de Divalterra.

Su letrada ha defendido que Gallego, Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral, se dedicaba a coordinar el área de Presidencia de Diputación, ocuparse de las cuestiones de protocolo, atender la agenda del Presidente y coordinarla con la de otros diputados, especialmente la Vicepresidencia.

También se ocupaba -prosigue- de organizar actos y recepciones en el Palau de la Batlia, acompañar al presidente en actos y reuniones a las que debía asistir, así como en sus desplazamientos, recibir a autoridades y a quienes concertaban entrevistas con aquél, así como atender a los medios de comunicación en las cuestiones relevantes y, en ocasiones, confeccionar discursos institucionales y redactar o revisar notas de prensa para la difusión de las actuaciones de la Presidencia, ante la ausencia de un jefe de Prensa o de Protocolo en la Diputación.

Así, se indica: "Ni el cargo que ocupaba ni su formación profesional le habilitaban para dictar ningún tipo de resolución, ni para la emisión de informes jurídicos en la gestión de los asuntos propios de la Diputación, ni mucho menos de Divalterra ni de cualquier otra empresa pública en las que participaba la Diputación Provincial, de las que nunca formó parte".

"Es obvio que Gallego tenía la confianza del presidente, pero no por ello mi representado participaba en asuntos que no le correspondían por razón de su cargo, ni por el sólo hecho de gozar de la confianza del presidente debe ser acusado de algo que no ha hecho", ha insistido.