La controvertida decisión de la justicia vasca autorizando la reapertura de los bares y restaurantes de Euskadi pese a la prohibición dictada por el Ejecutivo regional ha agitado el ambiente entre los hosteleros y las patronales que representan al sector. El mismo martes en el que se conoció el fallo del TSJ del País Vasco, una agrupación de hosteleros de Castelló lanzaba un órdago a la Generalitat al anunciar que sus miembros incumplirán el cierre a partir del 16 de febrero si se prorrogan las restricciones. Lejos de recular ante los llamamientos a la calma de otras organizaciones mayoritarias, ayer elevó la presión al asegurar que ya son más de 2.000 establecimientos los que se han adherido. Mientras tanto, la patronal autonómica Conhostur mantenía su postura de no sumarse a una protesta que puede devenir en multas no solo para los propietarios rebeldes sino para los clientes.
La Asociación Hostelera de Castelló (Ashocas), la responsable de la amenaza de revuelta, se reunió ayer con el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. Fuentes del encuentro aseguran que los representantes hosteleros insistieron en que incumplirán la normativa, vigente desde el 21 de enero en la Comunitat Valenciana, si el Consell opta por mantener las restricciones actuales que afectan a sus negocios, algo que parece más que probable por lo deslizado desde la Generalitat en los últimos días.
Desde Ashocas matizaban más tarde su posición. Aseguran que lo que reclaman es que de la reunión de hoy de la interdepartamental, en la que se decidirán las restricciones para los próximos 7 o 15 días, salga una fecha firme de reapertura y no necesariamente el fin inmediato de su clausura.
Como medida de presión, fuentes de Ashocas aseguran que la iniciativa de abrir a partir del 16 de febrero va cuajando entre la hostelería valenciana y que ya son unos 2.000 establecimientos —la asociación castellonense está integrada por algo menos de 600— los que se han sumado a través de agrupaciones locales o a modo individual. Según citan, las adhesiones llegan desde Llíria, Elda, Petrer, Oropesa, Benicassim, Borriana o Benicarló, entre otros.
Conhostur tildó este movimiento de «irresponsable» porque «al final la responsabilidad es para los locales, que van a incumplir la normativa y eso tendrá consecuencias a nivel de sanciones», dijo su secretario general Rafael Ferrando.
No solo eso, sino que, como recuerdan desde la Conselleria de Justicia, si finalmente optan por incumplir la norma, las multas —de hasta 60.000 euros— no solo serían para los propietarios sino también para los clientes que se encontraran en el establecimiento durante el momento de la sanción. Sin embargo, fuentes jurídicas de la Generalitat entienden que no se pondrían en riesgo las ayudas anunciadas al sector.
En todo caso, en la patronal valenciana seguían ayer a vueltas con la vía judicial. Dudan que un recurso aquí tuviera igual éxito que en Euskadi, ya que allí el cierre era por zonas y aquí es en toda la autonomía, pero siguen estudiando sus opciones legales.
De hecho, el TSJCV avaló el cierre del ocio nocturno que el Consell decretó en agosto al considerarlo de «interés general». Hay otro recurso, presentado por SOS Hostelería, pendiente de fallo.
Los trabajadores en ERTE se disparan tras el cierre de bares
Los efectos del cierre de los locales de hostelería en la Comunitat Valenciana no han tardado en dejarse notar en la evolución de los ERTE, que se han disparado tanto en número de expedientes como de trabajadores afectados por este mecanismo en las dos semanas posteriores a la entrada en vigor de las restricciones a bares y restaurantes.
Los datos que maneja la Conselleria de Economía evidencian una aceleración de los ERTE en el sector servicios, que aglutina más del 90 % de los trabajadores incluidos en estos expedientes entre el 18 de enero y el 31 del mismo mes. La hostelería fue cerrada por decreto el 21 de enero y desde entonces se ha disparado el ritmo de trabajadores del tercer sector acogidos a este mecanismo de protección del empleo.
Si entre el 14 de diciembre y el 18 de enero se presentaron en la autonomía un total de 1.686 ERTE que afectaban a 9.648 personas, en las dos semanas siguientes, que coinciden con el inicio del cese de la actividad en bares y restaurantes, estas cifras se han multiplicado.
Así, son 7.159 expedientes nuevos y 33.328 los trabajadores implicados en ese plazo. De esos totales, 7.043 ERTE (98 %) y 30.435 (91 %) empleados corresponden al sector servicios. Las cifras oficiales no desagregan por subsectores, con lo que no puede establecerse el impacto concreto que ha tenido el cierre hostelero.
En el resto de sectores de los que informa Economía, la agricultura ha sumado 11 ERTE y 27 trabajadores; la construcción, tres y 65 y la industria, 102 y 2.801.
Las Cámaras piden agilidad
Por otra parte, los cinco presidentes de las Cámaras de la Comunitat se reunieron ayer por videoconferencia con el president Ximo Puig, a quien volvieron a insistir en la importancia de agilizar las ayudas. El líder de Cámara Valencia, José Vicente Morata, pidió también «no olvidar al sector de la construcción», para quien pidió «eliminar trabas administrativas».
Los ayuntamientos ya disponen del dinero de las ayudas
Los 523 ayuntamientos valencianos adheridos al fondo de ayudas directas incluido en el plan Resistir ya disponen de los 100 millones movilizados por la Generalitat para que los consistorios hagan llegar los 2.000 euros y 200 euros por trabajador que contempla esta línea, hasta un máximo de 4.000 euros. Así lo anunció ayer el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en las Corts. Además, la conselleria remarca que este dinero está disponible de forma inmediata para los ayuntamientos que lo reclamen y que estos no deberán abonar intereses.
