El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) notificó ayer la anulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) impulsado por el Gobierno del Botànic en 2016 y en vigor desde 2018. La decisión judicial no desampara las zonas de costa ya protegidas, pero sí da vía libre a actuaciones urbanísticas que se pretendían ejecutar en la franja litoral y a las que este plan concedía un régimen transitorio de ejecución. Es el caso del PAI (Programa de Actuación Integrada) de la Bega, conocido como el Manhattan de Cullera, que con el plan de protección de la costa en vigor estaba obligado a ejecutarse en un plazo de cinco años (a finalizar en 2023).
La sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tsjcv da la razón a la inmobiliaria de Torrevieja Torreviñas SLU, representada por el letrado José Manuel Palau del despacho Gómez Acebo & Pombo, y declara nulo el decreto del 4 de mayo de 2018 que aprobó el Pativel de la C. Valenciana y el Catálogo de Playas. El auto puede recurrirse ante el Supremo.
Un recurso que ya anunciaron ayer desde la Conselleria de Política Territorial. El titular del departamento, Arcadi España, adelantó que la Generalitat presentará un recurso de casación contra la sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso del alto tribunal que declara nulo el Pativel.
El conseller destacó, además, que «la sentencia no entra a valorar el contenido del Pativel como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo». También puntualiza que los informes técnicos que han llevado a la anulación del plan del litoral «sí existen, pero la sala los considera insuficientes».
Los informes insuficientes
Los informes técnicos a los que alude el conseller y que han llevado al TSJ a anular el Pativel son, según los magistrados, la ausencia de un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del Pativel; del informe de evaluación del impacto por razón de género y sobre el impacto en materia de infancia, adolescencia y familia; y por último que el Pativel «no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles».
Sobre el estudio económico-financiero, la sentencia señala que debería reflejar «los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo [o] las posibles responsabilidades patrimoniales que para la administración autonómica puede conllevar la descalcificación de suelo».
La sentencia reconoce que el Pativel sí incluye una «Memoria de sostenibilidad económica, en la que su redactor señala que no resulta necesaria la elaboración de una memoria de esa naturaleza».
Los magistrados admiten que en el caso del Pativel se apartan de «la conclusión a la que llegaron en una alegación similar relativa el Plan de acción territorial (PAT) de l’Horta» y en la que dieron la razón a la Generalitat porque no tuvieron «en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en esta sentencia se transcribe».
Un viraje que lleva a la Conselleria de Política Territorial a destacar el cambio de criterio y de rumbo en la valoración de la sala, que anteriormente se había pronunciado en términos favorables». El PP, que también recurrió el plan celebró la anulación del Pativel. «Esperamos que esta sea la primera de muchas sentencias y que se haga justicia».
