La Fiscalía Provincial de València ve «hechos que pudieran ser constitutivos de delito» en la gestión de un albergue municipal de la ciudad de València que acoge a familias y a personas migrantes solicitantes de asilo y protección internacional. Es por ello que el 2 de febrero abrió una investigación penal para esclarecer los hechos.
El albergue, no obstante, no pertenece a la red fija del Ayuntamiento de València como tal, ya que forma parte de un contrato extraordinario que el servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración firmó de forma extraordinaria con una entidad para ampliar la cobertura durante la pandemia del coronavirus.
En concreto, el consistorio del cap i casal contrató en el mes de julio por 117.485 euros la vivienda-albergue propiedad de la entidad Obra Mercedaria para «la acogida, alojamiento, manutención, información y orientación técnica básica de 23 personas de origen migrante (familias) en la vivienda-albergue supervisado sito en Rocafort, que la citada entidad pone a disposición del ayuntamiento». No se trata del albergue municipal que tiene el Ayuntamiento de València en Rocafort, sino de otro recurso contratado en pandemia.
La gestión en este centro ha pasado a los tribunales tras la denuncia que varias familias interpusieron el 7 de enero en el cuartel de la Guardia Civil de Moncada en la que aseguraban estar «sufriendo xenofobia y maltrato psicológico por parte de los trabajadores y gestores de esta fundación», además de denunciar «mala praxis» en la gestión del centro en relación a alimentación, abrigo, intimidad, aseo y limpieza, según publicó Levante-EMV.
La asociación València Refugi se hizo eco de la denuncia, asesoró a los afectados y consiguió que el ayuntamiento iniciara una investigación. Sin embargo, la entidad asegura que la investigación anunciada por parte del consistorio valenciano «no se está llevando a cabo porque ni a nosotros ni a los afectados les han pedido las pruebas que tenemos, que son bastantes».
«Como si nada hubiera pasado»
Y es que desde la organización se preguntan cómo se puede investigar nada sin preguntar a la parte afectada qué ha pasado, «aunque -aseguran- esperamos que el ayuntamiento se tome esto en serio porque el contrato lo tenían pendiente de prórroga y por lo que nosotros sabemos allí están trabajando como si nada hubiera pasado».
Eso sí, agradecen la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía «porque lo que ha ocurrido es muy grave y los usuarios de este centro suelen ser personas solicitantes de asilo y recién llegados al país, que no conocen ni el idioma ni sus derechos y que muy pocas veces se atreven a dar el paso y denunciar».
De hecho, los afectados pusieron también una denuncia en el Ayuntamiento de València con registro de entrada el 3 de febrero para que «tengan conocimiento oficial de lo ocurrido pero también costó lo suyo que les aceptaran la queja porque no querían registrar los escritos presentados», afirman desde la entidad social. Las cinco familias que denunciaron los hechos ya no están en la vivienda-albergue. Cuatro de ellas han sido derivadas a otros servicios y la quinta (una familia con tres menores de 6, 8 y 10 años) acabó el plazo acordado por el Centro de Atención a Inmigrantes (CAI) de València y se quedó, de nuevo, en la calle.
«Justo la familia que se ha quedado en la calle con tres niños pequeños es la que llamó a la Policía en un momento determinado y saltó la liebre. Nosotros estamos seguros de que esa es la represalia por destapar todo este escándalo porque parece demasiado fuerte que se quede sin atención, en la calle y en pandemia una familia con críos pequeños pero así ha sido», lamentan desde la organización València Refugi.
«Ni están en este albergue ni ocupan plaza alguna del Ayuntamiento de València. El mensaje que mandan está claro, mejor calladitos», advierten desde la entidad social.
