Durante sus siete años como magistrado del Tribunal Supremo, el valenciano Javier Orduña (Llaurí, 1959) desempeñó un papel clave en la consecución de algunos de los principales triunfos en la protección de los derechos de los consumidores frente a las prácticas abusivas y opacas de los bancos, tras la gran crisis financiera de 2008. En 2019 dejó la plaza en el Alto Tribunal para regresar a su cátedra de Derecho Civil en la Universitat de València, desde donde continúa la lucha como uno de los juristas españoles más destacados en el ámbito de la transparencia. Lo demuestra su papel como presidente del comité científico del Congreso nacional sobre el Principio de Transparencia en la contratación que el Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza esta semana (18 y 19 de febrero) de forma telemática con la participación de los ministros de Justicia y Seguridad Social y de los mayores especialistas del país en la materia.
En un momento en el que la confusión sobre los contratos firmados por la Unión Europea para la distribución de las primeras vacunas ha vuelto a poner en el candelero el debate sobre la falta de transparencia, la cita reivindica este concepto como un derecho adquirido por la ciudadanía que debería articularse de una forma mucho más eficaz y transversal para llegar a todos los rincones del ordenamiento jurídico. Pese a los avances de los últimos años, Orduña aboga por dar «un paso decidido» en este siglo XXI de cara a consagrar y regular la transparencia como un principio constitucional superior a través de una reforma quirúrgica de la Carta Magna. Un proceso que no debería ser complicado, teniendo en cuenta el aparente consenso que despierta la lucha contra la opacidad.
Fue a partir de la crisis de 2008 cuando, a golpe de sentencias y de directivas europeas, la transparencia comenzó a adquirir una dimensión hasta entonces desconocida y a colarse como aspiración en los discursos de los políticos de todo signo como garantía de protección del eslabón más débil del sistema, pero también del correcto funcionamiento de los poderes económicos. «Ahora nadie discute la importancia de la transparencia como un valor que mejora la calidad democrática, pero todavía falta que los partidos lo demuestren con hechos», incide el catedrático. «La crisis demostró el funcionamiento de un modelo bancario obsoleto que daba la espalda al deber de informar al cliente en la contratación de productos financieros», sostiene el exmagistrado del Supremo, para quien los sectores públicos no han terminado de adaptarse alas nuevas exigencias y todavía arrastran la herencia de comportamientos propios del pasado. «El concepto no puede quedar reducido a una cosa concreta como un portal de transparencia o un Ministerio específico, sino que va mucho más lejos; es un valor tan importante y necesario que debe estar coordinado por todo el sistema político, encarnado en las administraciones y en las leyes del Estado a partir de una regulación transversal», ahonda el experto.
Para ello, Orduña llama a superar los tabús que siempre suscita cualquier revisión de la Constitución. Avanzar en materia de transparencia, asegura, obedece a una «convicción social» y es un deber inscrito en la agenda europea. «El sistema constitucional debe estar al servicio de los ciudadanos y del progreso social y económico», apostilla.
El exmagistrado del Supremo está convencido de que la gestión de la pandemia hubiese sido «muy distinta» y «más afinada» si el principio de transparencia hubiera estado consolidado a nivel normativo. «Tendríamos una constatación y una regulación sobre cómo actuar», asegura. Un ejemplo ha sido la forma demasiado ingenua de proceder con los contratos de las primeras vacunas, incumplidos por las propias farmacéuticas. Para Orduña fue un error no hacerlos públicos de forma íntegra desde el comienzo porque abordan cuestiones que afectan a la salud pública. «Están en juego los derechos de la ciudadanía y así debería regularse. Los contratos no pueden tratarse en el marco de las relaciones jurídicas privadas porque afectan a aspectos vitales de los estados miembros. Así, las farmacéuticas sabrían que para contratar con la UE deben ajustarse al principio de transparencia», recalca.
Cláusulas de confidencialiad
Para el experto, las cláusulas de confidencialidad pueden ser plausibles a la hora de proteger estrategias internas de fabricación o localización de productos, pero el interés público debe primar. Lo mismo ocurre con la Corona. «Para preservar el sistema democrático, las propias instituciones tienen que ajustarse a los nuevos valores, porque son una garantía de su propia existencia», reflexiona. «La principal rémora para mantener vivo y dinámico un sistema son los inmovilistas», sentencia Orduña.
