Compromís no descarta bloquear el decreto del teletrabajo de Bravo

El nuevo decreto que regula el teletrabajo para el personal funcionario podría sufrir un nuevo obstáculo en su accidentada y controvertida trayectoria ya que, según fuentes consultadas por este diario, varias conselleries bajo la órbita de Compromís podrían bloquear la norma en la reunión preparatoria de los asuntos que se someten al pleno del Consell de los viernes.

En esta cita, coloquialmente denominada como ‘consellet’, es ya la última traba que la Conselleria de Justicia tendrá que sortear para que el decreto se apruebe esta semana. El departamento que dirige Gabriela Bravo ha adaptado ya la regulación a dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un informe que ha sido clave para que este decreto, torpedeado por la Abogacía de la Generalitat, pudiera seguir su tramitación. Justicia ha levantado el veto absoluto a que el personal funcionario de mayor nivel (el 30) pudiera teletrabajar.

En la nueva redacción, tal como exigía el Jurídic en una observación esencial, se permite esta modalidad de trabajo no presencial a altos funcionarios pero siempre y cuando exista un informe que lo justifique.

El teletrabajo para la cúpula funcionarial era una de las cuestiones (aunque no la única) que había enfrentado al departamento que dirige Gabriela Bravo con las conselleries de Compromís, que, junto con varios sindicatos, siempre han defendido que la norma no facilita la implantación del teletrabajo ya que el procedimiento es extenso al ir ligado a la presentación de programas y evaluación de objetivos. Tras el periodo de alegaciones, la conselleria ha ido retocando el texto, pero las relativas al procedimiento o límite máximo de días de teletrabajo (tres) se ha mantenido firme.

Mejorar algunas cuestiones

La cuestión es que los departamentos de Compromís no acaban de ver claro el texto final y creen que habría que mejorar algunas cuestiones, entre ellas, quitar trabas al teletrabajo para altos funcionarios y dar a las subsecretarías más margen de maniobra. En realidad, el decreto les atribuye la confección de programas y selección de personas que quieran teletrabajar, pero la última palabra la tiene la secretaría autonómica de Función Pública.

Estas conselleries están estudiando el nuevo texto y en las últimas hora se han puesto en contacto con los sindicatos parar recabar su opinión y hacer valer también estas alegaciones en la reunión. La mayoría de los sindicatos, por lo expresado hasta ahora, pone pegas y también ve cosas mejorables. Sin un consenso claro no es descartable que el decreto se quede encima de la mesa el próximo jueves, algo que ocurre que ya ocurrido en algunos planes.