Los municipios rurales reclaman compensaciones por sus "servicios ambientales"

Los municipios del interior valenciano han mostrado durante la pandemia lo que tienen que ofrecer: de estar (casi) olvidados en la oferta turística a superar todos los registros de ocupación gracias a las limitaciones perimetrales. Quien más y quien menos ha disfrutado a lo largo del último año de sus parajes buscando un lugar donde respirar y distraerse, pero eso no es un regalo que a los municipios receptores les salga gratis. Cumplen una función: conservar y gestionar de forma sostenible la masa forestal de la que toda la sociedad se beneficia.

Llevan a cabo un «servicio ambiental» por el que creen que deben ser recompensados y tratar de mantener, a toda costa, la población que todavía reside en estos municipios. Plantean dos caminos: a través de beneficios fiscales y mediante pagos por esos servicios ambientales.

Así lo defiende a preguntas de Levante-EMV la presidenta de la Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana y alcaldesa de la localidad de Andilla, Consuelo Alfonso.

El asunto está sobre la mesa tras la presentación del último informe de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) que forman distintas empresas de Soria, Teruel y Cuenca. Reivindican la titularidad de los municipios poco poblados como «territorios donantes» cuyos beneficios trascienden a toda la sociedad desde el punto de vista ambiental y social.

Ayudan a frenar los efectos globales del cambio climático y cuestionan que de la misma forma que «paga quien más contamina», debería incentivarse a los territorios que más contribuyen a la conservación del medio ambiente. «No existe contraprestación alguna por ello, aun cuando su mantenimiento sí tiene importantes costes», señala el documento.

Empleo contra la despoblación

En Amufor están en la misma sintonía. «Si somos los encargados de mantener el patrimonio natural, necesitamos fondos para gestionarlo», señala. Así, Alfonso no cree tanto en la eficacia de las subvenciones autonómicas como en el fomento de la economía local.

Por un lado, promover los beneficios y exenciones fiscales como un aliciente para que las pequeñas y medianas empresas vean atractivo asentarse en estas zonas y generar economía y empleo que, entre otros beneficios, frene la despoblación.

Por otro, se busca la transferencia de fondos del Estado para que sean gestionados por los ayuntamientos, que son los encargados del mantenimiento de montes y caminos. «Ahora no hay una dotación exclusiva por el servicio medioambiental, aunque la Generalitat lo está estudiando», señala Alfonso, que recuerda que este tipo de municipios son «sumideros de carbono» que contrarrestan la contaminación generada por las urbes.

Además, Alfonso hizo un llamamiento por «eliminar el estigma de que aprovechar el monte es arrasarlo». Por contra, sostiene que los montes «siempre han sido explotados» y se han cuidado, tal como sucede con los campos destinados a la agricultura que si no se trabajan, se pierden y abandonan. «Hablamos de aprovechamientos forestales como la ganadería extensiva, la silvicultura o la generación de biomasa. «La obtención de recursos con equilibrio medioambiental genera una economía brutal y en estos momentos podría ser una alternativa de vida para personas damnificadas por las consecuencias económicas de la covid-19», advierte.

Aunque la C. Valenciana no presente datos de despoblación tan absolutos como Teruel o Soria, las comarcas de La Serranía, el Rincón de Ademuz, Requena-Utiel, el Valle de Cofrentes-Ayora y la Canal de Navarrés no son territorios que presenten buenos indicadores. Estas zonas coinciden con las áreas de masa forestal más extensa y Amufor considera «imprescindible» reconocer su papel ambiental a través de incentivos, una compensación a los territorios que, por ejemplo, tienen el distintivo de la Red Natura 2000 por ser un área de conservación de la biodiversidad.

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