Uno de cada cinco bienes de la Iglesia no es de uso eclesiástico

Uno de cada cinco bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 no es de uso eclesiástico. De los 912 registrados por órganos diocesanos en territorio valenciano, 186 son fincas rústicas, parcelas, aparcamientos, casas o edificios, según figura en el listado enviado por el Consejo de Ministros al Congreso. Es en estos inmuebles en los que ayuntamientos o particulares han puesto la lupa para tratar de reclamar una titularidad que está en entredicho. La Generalitat Valenciana, a través de la conselleria de Calidad Democrática, anunció ayer que trabajará en la recuperación de aquellos que puedan considerarse patrimonio público.

La consellera Rosa Pérez Garijo señaló que solicitará al Gobierno que detalle el origen de esas pertenencias inmatriculadas en su día con una simple autocertificación de la diócesis de turno. El objetivo es «recuperarlos para las arcas públicas, que es donde siempre debieron estar», según Pérez Garijo. «El fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país», incidía muy crítica.

Además, Pérez Garijo le va a pedir una reunión y colaboración al Colegio de Registradores para «acceder a la información de los inmuebles que puedan ser susceptibles de reclamar ya que el informe del Gobierno no incluye la nota simple de los bienes y esa información nos la deben proporcionar ellos». Desde el Colegio de Registradores, sin embargo, no esperan «aluvión» alguno de solicitudes de notas simples de los inmuebles que aparecen en el listado hecho público el martes.

En la misma línea que la consellera se expresaba el alcalde de València, Joan Ribó, quien anunciaba que el consistorio no descarta iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal. En la relación figuran edificios para el culto tan importantes como la Catedral, la iglesia de Santa Catalina, los Santos Juanes o la del Temple y sus dependencias complementarias. Pero también ermitas y parroquias de pueblos como Borbotó, Mauella, Benifaraig, Carpesa o Cases de Bàrcena, junto a viviendas, suelo rústico o almacenes. «Hay propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia», recalcó, recordando «la herencia envenenada que otra vez nos deja el PP».

Una larga lucha ciudadana

La denuncia sobre los bienes que la Iglesia estaba inmatriculando sin cumplir con el mismo trámite que el resto de los mortales es larga. Suponía un «expolio» al patrimonio de la ciudadanía, según una entidad que aglutina a veinte colectivos (la Coordinadora Estatal para la recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando). Durante los últimos años han venido denunciando casos y esperaban un listado y una actuación del Gobierno al respecto ya que la Iglesia no daba ninguna información sobre lo que tenían ni cómo se había adquirido.

Las asociaciones que defienden el patrimonio público se revuelven ya que «si hay bienes que no se reclaman se da por hecho que son de la Iglesia». Además, califican de «absoluto insulto» y de «una gran trampa» que sean los ayuntamientos, entidades o particulares quienes tengan que reclamar en el juzgado y litigar con la Iglesia Católica española.

«Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa», asegura le portavoz de la entidad Andrés Valentín, quien cuestiona que miles de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar procesos que se prologan «durante 20 años». De este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es «orientarlo a un callejón sin salida» y que es necesaria es una solución normativa, ya sea vía ley o decreto, que «retorne los bienes a la situación anterior a la inmatriculación» para que sea la Iglesia la que presente la documentación. «No se puede dar por bueno algo que se dio al amparo de la normativa franquista», subraya.

Desde la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó muestra su «satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el listado». Sin embargo, añade que «el resto son grandes peros». En primer lugar, Picó lamenta que «solo cubre» los 34.961 bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en más 100.000 desde 1946. Además, el portavoz de la entidad critica que este listado no incluya todos los datos registrales de los bienes inmuebles, por lo que los considera claramente «incompletos».

Exigen una solución global

Lo que más preocupa a Picó es que el Ejecutivo traslade la iniciativa de reclamar a la ciudadanía. «Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir», señala, al tiempo que insiste en que es «un problema de Estado» y en que «el Gobierno tiene que dar una solución global». Finalmente, pide la publicación completa del listado de bienes; la anulación de las inmatriculaciones realizadas; y la reclamación para el dominio público del patrimonio que corresponda, y el resto aportando la documentación acreditativa de la titularidad. Por la Basílica de la Virgen no se pagó ni un euro.