La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado la investigación en una nueva pieza separada, la K, de las supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados. La instructora entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Esta nueva causa se deriva de la pieza D que investigaba las presuntas irregularidades en la adjudicación del 'call center’ desde Imelsa a la empresa Servimun- y en la que está investigado, entre otros, el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario Mariano López, como presunto conseguidor.
Entre los nuevos investigados en la pieza de Enguera y Requea figuran el exalcalde de Requena Javier Berasaluce Ramos (del PP) y el actual alcalde del municipio, Mario Sánchez González del PSPV-PSOE, así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo Llácer (PP) y Óscar Martínez Poquet (PSPV-PSOE).
Las diligencias se dirigen también contra la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera, un asesor y un funcionario de la Diputación de Valencia y tres empresarios: el administrador de Servimun y los administradores de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA), según informa el TSJCV.
En el Ayuntamiento de Requena se investiga el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a TLA, en contra del informe de la interventora municipal, por trabajos de los que no existe constancia en ningún expediente administrativo. Y la adjudicación a Servimun por el procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de 50.000 euros por el que el consistorio pagó, entre 2015 y 2016, facturas por 178.000 euros, “sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados”, según se recoge en el auto.
En el Ayuntamiento de Enguera, la instructora aprecia que existen indicios para investigar a un exalcalde por adjudicar un contrato en abril de 2013 y a la entonces secretaria municipal, que emitió un informe favorable a esa contratación. El consistorio, con otro alcalde al frente, pagó en agosto de 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, por un concepto diferente al inicial del contrato: la regularización de un camping de la localidad. En esas presuntas irregularidades habrían intervenido, de acuerdo con la resolución judicial, un asesor del entonces presidente de la Diputación de Valencia y un funcionario de la citada institución.
Investigación de la UCO de la Guardia Civil
Durante la investigación del caso Taula, los agentes de la Unidad Central Operativo (UCO de la Guardia Civil ya detectaron que el empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, preparaba pliegos de condiciones e informes de necesidad para optar a más concursos públicos, según se reveló en un informe incorporado a la pieza del caso Taula que investiga el presunto amaño y pago de mordidas en la adjudicación del «call center» de la Diputación de València. Durante los registros del caso Taula los agentes recabaron correos electrónicos y el teléfono móvil de Mariano López que demuestran su relación con la empresa Servimun, adjudicataria del «call centre» y el propietario de esta firma, Fernando Palomares.
La Guardia Civil encontró varios correos intercambiados entre López y Palomares en los que se intercambian propuestas de «pliegos de clausulas administrativas particulares, con la intención de ser entregados a alguien vinculado a la administración pública, que los agentes no han podido determinar. Los agentes de la UCO concluyeron en su informe que Mariano López «pudo haber actuado como intermediario» lo que «guardaria verosimilitud con lo declarado por Marcos Benavent en que intercedió en la adjudicación del contrato del call center en favor de Servimun». Por ello habría recibido 200.000 euros en mordidas, según las pesquisas de los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa. El rastreo de las cuentas de correo también permitió encontrar otros documentos como un «borrador contrato de ordenanzas» para la Diputación de València o de un «contrato menor El Teularet». Un hilo del que tiraron los investigadores hasta toparse con las presuntas irregularidades de Requena y Enguera.
