Tienen una sentencia de maltrato pero también unas citas pautadas para ver a sus hijos. Hay quien incluso tiene la custodia compartida de los menores con una condena firme por violencia machista, y no son una excepción ni un caso puntual. La retirada de la patria potestad es un imposible que apenas se plasma en un 0,1% de las sentencias, según afirma la Coordinadora Feminista de València. Por eso, las condenas a maltratadores no incluyen dejar de ver a su prole.
Y eso que los hijos e hijas de mujeres maltratadas son reconocidas como víctimas directas desde 2015. Pero el sistema hace aguas, depende de la "sensibilidad" del juez y en la práctica se demuestra que prima el derecho del padre a ver a sus hijos e hijas a que los menores vivan y se desarrollen en un entorno seguro y libre de violencia. Que el menor tampoco quiera ver al padre tampoco sirve. Y es que cuando un niño o niña expresa que ni quiere ni tiene intención de vínculo alguno con su progenitor hay un término que sale a la palestra: Síndrome de Alienación Parental (SAP). Es decir, si el niño o la niña rechaza al padre es por culpa de la madre, que le ha "malmetido" para que así sea. Y ya no se escucha la voz del menor porque está "manipulada".
Para explicar este síndrome "que no existe y que se utiliza desde hace décadas tras la invención de un pederasta" e informar sobre la figura "alegal" de la coordinación parental, la Coordinadora Feminista de València ha organizado una jornada específica y virtual que se celebra mañana 19 de febrero de 17 a 21 horas. Y es que las sentencias que reflejan que prevalece el derecho del padre sobre el de los hijos van en aumento y más de 200 entidades recopilan datos que no figuran en los registros oficiales tras exigirle al Ministerio de Justicia mediante un escrito que impida la figura de la coordinación parental en los procedimientos de familia.
"De hecho, la primera vez que aparece la figura de la coordinación parental en resoluciones judiciales es en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 de febrero de 2014 ,en la que señala como objetivo de esta figura 'garantizar el vínculo afectivo natural de la menor con el padre'. Desde entonces se ha venido introduciendo esta figura cada vez con mayor frecuencia y, siempre, invocando el favor 'fillii', considerando de forma acrítica que el núcleo del interés superior del menor es preservar la relación paternofilial por encima de cualquier otra consideración", afirman desde la Coordinadora Feminista.
Y añaden: "Con esta práctica se está naturalizando la aplicación de los postulados del SAP, ya que se justifica el recurso a esta figura por la alta conflictividad de determinados procedimientos de divorcio, de separación o de medidas extramatrimoniales, atribuible a la interferencia de la madre en la relación de las hijas e hijos con el padre, sin valorar cuáles son las verdaderas razones por las que estos no quieren mantenerlas que, en la mayoría de las ocasiones, traen causa de los episodios de violencia que han vivido. Si las y los menores fueran escuchados, y no solo oídos, quedaría constatado que la razón más probable para que un niño o una niña rechace a un progenitor es la propia conducta de ese progenitor. Se invalida la palabra de los y las menores al considerar que están condicionados por el rencor y la incompetencia de la madre y se banaliza su sufrimiento". Así, "se está culpabilizando a la madre de las conductas 'anormales' de sus hijas e hijos, a través de la maquiavélica e interesada 'desprogramación afectiva' a la que los someten. Por lo tanto, la figura de coordinación parental es un artefacto más al servicio de la justicia patriarcal, como ya lo viene siendo la custodia compartida impuesta".
Desde la entidad explican que la legislación vigente faculta a las juezas y a los jueces para resolver los conflictos que se plantean en las relaciones de los hijos y las hijas con los padres y las madres, sin necesidad de implantar esta figura, por lo que "pueden recurrir a otros recursos públicos ya existentes". Además, "existen intereses corporativos detrás de la implantación de esta figura, en detrimento del desarrollo y la dotación de los recursos públicos. Se introduce una cuña para la privatización de la justicia, ya sea atrayendo fondos públicos para financiar la coordinación de parentalidad o haciendo recaer su coste sobre las personas justiciables, con el consiguiente empobrecimiento de las mujeres. Existen denuncias de mujeres que se han visto obligadas a pagar hasta 12.000 euros para hacer frente a este servicio. En el negocio privado de la coordinación parental se encuentran los de masters y cursos de formación promocionados e impartidos por destacados representantes del pensamiento más reaccionario, misógino y patriarcal", concluyen.
Jornada virtual sobre SAP y coordinación parental el 19 de febrero
Para profundizar en le tema mañana se 19 de febrero de 2021, entre las 17 y las 21 horas, se celebrará la jornada virtual "La justicia patriacal es letal", con intervenciones a cargo de Altamira Gonzalo (Asociación de Juristas Themis) -coordinación de parentalidad-, Herminia Royo (abogada de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià) -SAP- y de dos mujeres víctimas de SAP y de coordinación de parentalidad, tras las cuales se abrirá un debate. La presentación y las conclusiones las hará Xelo Álvarez (presidenta de Alanna).
