À Punt acumula frentes judiciales por las lagunas de la ley de creación

Desde su nacimiento hace menos de tres años, la historia de la nueva radiotelevisión pública valenciana ha ido ligada a una sucesión de conflictos laborales abocados a los tribunales y en buena medida relacionados con las carencias de la ley que sentó las bases para su puesta en marcha.

Después de más de un año de espera, el pasado martes debería haberse juzgado la demanda sindical que pide la equiparación salarial de los primeros trabajadores de À Punt respecto al resto de plantilla, pero la cita se aplazó porque el juzgado de Madrid que inicialmente asumió el recurso presentado por la sección sindical de CC OO decidió dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia la decisión sobre qué órgano es el competente para resolver el caso, ante las dudas existentes.

El origen del litigio se remonta al inicio de las emisiones, cuando las prisas y la urgencia para crear la nueva televisión obligaron a contratar a profesionales técnicos antes de que terminara de configurarse la estructura definitiva de À Punt.

De esta forma, 18 operadores de equipos, técnicos de sistemas y operadores electrónicos quedaron encuadrados en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) -órgano teóricamente de carácter administrativo- con sueldos hasta 2.000 euros más bajos que los percibidos por los profesionales de las mismas categorías que posteriormente se incorporaron a la Societat Autonòmica de Mitjans de Comunicació (SAMC), donde se engloba el grueso de la plantilla de la radiotelevisión. Pese a las negociaciones, no hubo acuerdo entre sindicatos, empresa y Generalitat para hallar una solución a la equiparación.

Desde CC OO recalcan que, al iniciarse las emisiones, los operadores contratados por la CVMC y la SAMC «pasaron a trabajar codo a codo» con los mismos horarios y espacios, pero unos cobrando menos por el mismo trabajo que otros. El aplazamiento de la demanda por las dudas sobre el órgano judicial competente recuerda al que sufrió en 2018 la impugnación de los baremos de las bolsas de trabajo para acceder a la cadena. Finalmente, la Audiencia Nacional dio la razón a À Punt y validó los criterios empleados.

Recurso por la OPE parcial

El último frente judicial que se le presenta a la radiotelevisión tiene que ver con la Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada para la SAMC, que, debido al techo de gasto en personal impuesto en la ley de À Punt, solo contempla convertir en fijas 349 plazas de las más de 400 de la plantilla actual, compuesta por temporales.

Los sindicatos han cumplido la amenaza de recurrir la convocatoria por la vía contenciosa, a la espera de si el ente plantea la posibilidad de ampliar su oferta de empleo en 2021 y de si los partidos del Botànic se ponen de acuerdo para cambiar la ley. Por ahora solo se ha dejado sin efecto el límite de gasto en personal tres años, con una enmienda que da pie a interpretaciones diversas.

Acció Cultural reclama al Botànic el regreso de TV3

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) reclamó ayer a la Generalitat que facilite el restablecimiento de las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana, coincidiendo con el décimo aniversario del apagón de la cadena bajo el gobierno de Francisco Camps. «Ya es hora de que PSOE, Compromís y Podemos levanten la censura impuesta por el PP», manifestó Acció Cultural. La entidad pide que la administración autonómica asuma «de forma plena, legal y normalizada» el retorno de las emisiones, garantizando unas «infraestructuras dignas» para la recepción de la señal.