Una sentencia pionera de un juzgado valenciano ha reconocido por primera vez el papel como «autoridad protectora» de la Agencia Valenciana contra el Fraude y la Corrupción. El organismo independiente dio estatus a un denunciante y adoptó las medidas de protección que ello conlleva. Se trata de un funcionario del Ayuntamiento de Torrevieja que había denunciado acoso.
La sentencia, sobre la que cabe recurso, condena al alcalde, del PP, y a otros cargos por «mobbing» y reconoce el papel de la agencia, incluso la importancia de su «mera intervención». Fuentes jurídicas vinculadas a la agencia señalan la relevancia de la sentencia porque crea interpretación judicial y por su valor innovador.
Se trata de una resolución de un juzgado de Elx que resuelve un complejo caso de acoso laboral que enfrentaba a un policía local integrante de la plantilla municipal con su administración, el Ayuntamiento de Torrevieja.
Es, además, uno de los cinco procedimientos de los que el PP de las Corts reclamó conocer los datos que manejaba Antifraude en plena investigación y que motivó que el director de la agencia, Joan Llinares, pidiera amparo a las Corts ante los requerimientos de los populares que considera afectan a su independencia.
Las fuentes consideran de gran trascendencia la sentencia por cuanto supone un reconocimiento institucional a la Agencia Valenciana Antifraude. El juez señala que resulta «relevante» exponer la importancia de la intervención de Antifraude, que en 2018 aplicó el estatuto y sus medidas de protección a la persona denunciante. Incluso señala la sentencia que la mera aparición en escena de la citada agencia de lucha contra la corrupción ya constituye un descrédito del mayor nivel para una entidad local porque arroja una sombra de duda sobre la actuación del ayuntamiento, que puede finalizar en una puesta en conocimiento de las Corts Valencianes a través de la memoria anual de la agencia, lo que supone un espaldarazo a la propia institución, cuestionada estos días por una providencia del Supremo que inadmite un recurso de la agencia contra una sentencia del TSJ que estimaba la petición del PP de acceder a expedientes, en concreto ayudas al valenciano a empresas vinculadas al hermano del jefe del Consell, y que deriva la decisión final a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.
El fallo valora singularmente la existencia de la declaración de protección de la agencia del recurrente e incluso la directiva de la UE relativa a la protección de denunciantes que informen sobre infracciones dentro de la Unión.
La sentencia contrapone la actuación de la agencia frente a «la indolencia» del ente local para proteger al denunciante de acoso de sus represaliadores.
El PSPV ve un «boicot» del PP
El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, acusó ayer al PP de ejercer «un intento de boicot» al papel de Antifraude. Añade Muñoz que el PP, condenado por corrupción, «no cree en las instituciones» y ve «decepcionante» que intenten obstaculizar la labor de las instituciones para su propio beneficio», aunque tampoco le sorprende porque el PP votó en contra de crear la agencia.
