Maltratadores con régimen de visitas y víctimas castigadas por un síndrome que no existe
La Coordinadora Feminista celebra una jornada virtual para abordar el Síndrome de Alienación Parental y la figura de la coordinación parental
Mónica Ros. ValènciaEfe
Tienen una sentencia de maltrato pero también unas citas pautadas para ver a sus hijos. Hay quien incluso tiene la custodia compartida de los menores con una condena firme por violencia machista, y no son una excepción ni un caso puntual. La retirada de la patria potestad es un imposible que apenas se plasma en un 0,1% de las sentencias, según la Coordinadora Feminista de València. Por eso, las condenas a maltratadores no incluyen dejar de ver a su prole.
Y eso que los hijos e hijas de mujeres maltratadas son reconocidas como víctimas directas desde 2015. Pero el sistema hace aguas, depende de la «sensibilidad» del juez y en la práctica se demuestra que prima el derecho del padre a ver a sus hijos e hijas sobre el de que los menores vivan y se desarrollen en un entorno seguro y libre de violencia. Que el menor no quiera ver al padre, tampoco sirve.
Y es que, cuando un niño o niña expresa que ni quiere ni tiene intención de vínculo alguno con su progenitor, hay un término que sale a la palestra: Síndrome de Alienación Parental (SAP). Es decir, si el niño o la niña rechaza al padre es por culpa de la madre, que le ha «malmetido» para que así sea. Y ya no se escucha la voz del menor porque está «manipulada».
Para explicar este síndrome «que no existe y que se utiliza desde hace décadas tras la invención de un pederasta» e informar sobre la figura «alegal» de la coordinación parental, la Coordinadora Feminista de València ha organizado una jornada específica y virtual que se celebra mañana 19 de febrero de 17 a 21 horas bajo el lema «La justicia patriacal es letal».
Y es que las sentencias que reflejan que prevalece el derecho del padre sobre el de los hijos van en aumento y más de 200 entidades recopilan datos que no figuran en los registros oficiales tras exigirle al Ministerio de Justicia mediante un escrito que impida la figura de la coordinación parental en los procedimientos de familia.
«De hecho, la primera vez que aparece la figura de la coordinación parental en resoluciones judiciales es en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 de febrero de 2014, en la que señala como objetivo de esta figura ‘garantizar el vínculo afectivo natural de la menor con el padre’.
Desde entonces se ha venido introduciendo esta figura cada vez con mayor frecuencia y, siempre, invocando el favor filii, considerando de forma acrítica que el núcleo del interés superior del menor es preservar la relación paternofilial por encima de cualquier otra consideración», afirman desde la Coordinadora Feminista.
Y añaden: «Con esta práctica se está naturalizando la aplicación de los postulados del SAP, ya que se justifica el recurso a esta figura por la alta conflictividad de determinados procedimientos de divorcio, de separación o de medidas extramatrimoniales, atribuible a la interferencia de la madre en la relación de las hijas e hijos con el padre, sin valorar cuáles son las verdaderas razones por las que estos no quieren mantenerlas que, en la mayoría de las ocasiones, traen causa de los episodios de violencia que han vivido y se deben a la propia conducta de ese progenitor».
Desde la entidad explican que la legislación vigente faculta a las juezas y a los jueces para resolver esos conflictos sin necesidad de implantar esta figura y denuncian que «existen intereses corporativos detrás de la implantación de la SAP, en detrimento del desarrollo y la dotación de los recursos públicos. Se introduce una cuña para la privatización de la justicia, ya sea atrayendo fondos públicos para financiar la coordinación de parentalidad o haciendo recaer su coste sobre las personas justiciables, con el consiguiente empobrecimiento de las mujeres».
La oficina de violencia machista ha atendido a 87 mujeres este año
El número de mujeres que ha acudido este año a la Oficina de Denuncias de Violencia de Género de la Generalitat, ubicada en la Ciudad de la Justicia de València, asciende a 87, según informó ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para quien «el incremento en las denuncias debe buscarse en el hecho de que este proyecto se está conociendo más en toda la Comunitat». Bravo se reunió ayer en esa oficina con mandos policiales y jueces para pontenciarla coordinación.
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