El Consell de Transparència ha instado a la Diputación de València a airear todos los informes técnicos emitidos por los jefes de servicio en relación a la polémica gran reordenación de la plantilla aprobada en diciembre de 2019, con el rechazo de los sindicatos. La resolución reconoce el derecho de un delegado sindical de Intersindical Valenciana STAS -que además forma parte de la junta de personal- de acceder a la citada documentación, la única parte del expediente en cuestión que le fue negada a la organización.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), presupuestada en 600.000 euros, introdujo alrededor de 170 cambios en el organigrama de la corporación provincial, incluyendo la amortización de una serie de plazas y la creación de distintas jefaturas abiertas al personal de otras administraciones en régimen de comisión de servicios, una circunstancia especialmente criticada por los trabajadores de la casa.
El Jefe de Personal justificó la negativa de facilitar los documentos solicitados por Intersindical argumentando que contenían información meramente «preparatoria» y que tenía un carácter «auxiliar» o de «apoyo» a la hora de motivar los cambios planteados en los puestos de trabajo adscritos a cada servicio. El escrito del responsable de la diputación defendió que no todas las propuestas solicitadas habían sido aceptadas por los mandos superiores.
Después de revisar el caso, sin embargo, el Consell de Transparència concluyó que los documentos que no se quisieron entregar contienen información «sustancial y esencial» para la toma de decisiones, en la medida en que reflejan determinados criterios que se tuvieron en cuenta (o no) para diseñar la reclasificación de puestos de trabajo.
Información «esencial»
Más allá de que las propuestas de los jefes de servicio fueran aceptadas o no, el organismo autonómico recalca que pueden «arrojar luz» en aras a justificar la pretendida modificación de la relación de puestos de trabajo de la corporación.
La resolución reprocha a la diputación que el concepto de «información preparatoria» alegado es «amplio e indeterminado», pues «toda la información que conforma un expediente administrativo es información preparatoria» de la decisión final. Además, Transparencia subraya que, en su condición de delegado sindical, el solicitante tenía «derecho de acceso reforzado» a la información.
La resolución data del 15 de enero y da a la diputación un plazo de un mes para cumplirla y de dos para recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia. A fecha de ayer, Intersindical no había recibido la documentación.
Fuentes del sindicato cuestionan la motivación y la falta de información tanto de la reordenación de diciembre de 2019 como de las otras dos modificaciones de la RPT aprobadas por la corporación provincial desde entonces. La última obtuvo luz verde esta misma semana con el apoyo del sindicato mayoritario (UGT) en la mesa de negociación y de PSPV y Compromís en el pleno.
