El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se dirige a las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, personas sin hogar, aquellas que pagan el alquiler de una habitación, han sido desahuciadas, viven en albergues o casas de acogida, residen con un familiar o amigo de forma temporal por determinadas circunstancias, comparten piso para reducir los gastos o habitan en asentamientos o infravivienda no podían acceder a una ayuda prevista para los más vulnerables y que el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo como medida estrella para ayudar a quien carece de ingresos.
Y es que la ayuda va desde los 5.538 euros anuales (que suponen integrar 461,5 euros al mes) para los hogares compuestos solo por un adulto a los 12.184 euros anuales (1.015,3 mensuales) para las familias formadas por dos adultos y tres o más niños; o por tres adultos y dos o más menores. En función de las características de la familia y de sus ingresos se calcula la cuantía.
No obstante, la obligación de presentar el empadronamiento y una serie de documentación requerida ha supuesto que 60.000 personas vulnerables vieran denegada la ayuda mínima. Por ello, el Gobierno modificó la normativa a principios de febrero con un real decreto que se aprobó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados al entender «la necesidad de mejorar algunos aspectos de la ayuda del IMV para permitir que se dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas situaciones que, con la regularización actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que permita incorporarlas correctamente a la prestación».
Ahora bien, ¿cómo puede un particular acreditar que vive donde vive sin el empadronamiento? ¿cómo puede explicar que su circunstancia es excepcional y precisa de la ayuda? El Gobierno lo tiene claro y asegura que son los servicios sociales municipales quienes deben acreditar esas situaciones particulares que permitirán a personas en exclusión social acceder a una ayuda diseñada para ellos.
Por ello, el texto modificado afirma que la «complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias de la prestación requiere de la participación de los servicios sociales, y transitoriamente, de entidades del tercer sector de acción social debidamente acreditadas -los mediadores sociales del ingreso mínimo vital- para poder certificar la existencia de determinadas situaciones particulares».
Certificado para el ingreso vital
De esta forma, y para poder acceder a la prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (que es desde donde tramitan el IMV) requerirá «certificado de los servicios sociales con el fin de acreditar la residencia colectiva, el carácter no permanente de la prestación de servicio residencial, el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, a parte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas». El decreto añade que el mantenimiento de los informes «debe hacerse con carácter anual».
También se incorpora con esta modificación que la notificación de la resolución a personas sin domicilio será efectuadas «en los servicios sociales del municipio o en su caso en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas, así como la inclusión de la obligación de los ayuntamientos y las entidades del Tercer Sector de Acción Social de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los cambios de domicilio en los supuestos de personas sin domicilio en cuya sede se encuentren empadronados».
El objetivo del Gobierno es que esta renta mínima llegue a quien lo necesita ya que las cuantías, además, se aumentan este año 2021 dado que las pensiones que se perciben con esta prestación se consideran no contributivas, de manera que se incrementará en un 1,8%, el doble de lo que sube el IPC.
La prestación llega a cerca de 60.000 valencianos
Cerca de 60 mil valencianos ya se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) datan de finales de diciembre y reconocen la prestación a un total de 20.712 hogares de la Comunitat Valenciana en los que viven 59.303 personas, de las que 27.944 son menores de edad. Por provincias, los beneficiarios son 23.098 en Alicante (con 11.411 menores), 6.144 en Castelló ( con 2.984) y 30.061 en València (con 13.549 niños y niñas). Eso sí, la mitad de las solicitudes presentadas en todo el territorio fueron denegadas.
