La sección primera de la Audiencia de València juzga a partir del próximo lunes a dos ex miembros de la directiva de la Federación de Centros de Enseñanza, (Feceval) por presuntas irregularidades en las subvenciones de las actividades de formación de profesorado recibidas por parte de la Conselleria de Educación.

La Fiscalía Provincial de València no formula acusación en esta causa por lo que solicita la absolución de los dos procesados. El juicio se celebra por la acusación particular que ejerce la Abogacía de la Generalitat. Los dos exdirectivos procesados que se sentarán en el banquillo son José Manuel B. E. y Víctor V. B.

Esta investigación judicial se inició en julio de 2014 tras una denuncia de Compromís sobre el pago de salarios a diez «liberados» de las patronales de las escuelas concertadas el abono de horas de más de las estipuladas y retribución a docentes jubilados que no impartían clases, según detectó un informe de la Intervención de la Generalitat.

Durante la instrucción, algunos de estos «liberados» admitieron ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia y la Fiscalía cobraban el sueldo público a pesar de que no realizaban tareas docentes, tal como estipulaba el salario concedido por la Conselleria de Educación.

Los acuerdos entre la patronal de los centros educativos y la Conselleria de Educación se remontan a los años 1990 y 2003. Se acordaron para «subvencionar las actividades de formación del profesorado que debían realizar docentes destinados en centros concertados», según recuerda la Fiscalía en su escrito de calificación provisional ante el juicio. «Por parte de la Conselleria de Educación se pagaron los importes de la subvención hasta 2010. A partir de esta fecha tanto Feceval como la Conselleria de Educación entendieron prorrogados los convenios y siguieron pagando las actividades formativas que se realizaron completamente» por lo que, según la Fiscalía «los hechos narrados no son constitutivos de ilícito penal».

En la vista que debe celebrarse a partir del próximo lunes está previsto la declaración como testigos de dos cargos intermedios de la Conselleria de Educación responsables de los centros concertados y de la formación del profesorado, además de los dos exdirectivos de la patronal de la concertada que declararán como investigados, aunque la Fiscalía no acuse.