El Consell paga 3,4 millones anuales en alquileres pese a tener inmuebles vacíos

El gobierno valenciano destina cada año más de 3,4 millones de euros al pago de arrendamientos por los inmuebles que ocupan seis de las doce conselleries para desarrollar servicios públicos pero que no son de su propiedad.

El debate sobre el pago de alquileres por parte de las arcas públicas, pese a que la Administración autonómica tiene inmuebles de su propiedad que no utiliza y que podrían rebajar esa factura, siempre ha estado sobre la mesa porque no solo conselleries sino organismos estatutarios se han visto obligados a acudir al alquiler privado ante la falta de instalaciones adecuadas.

En concreto, la factura autonómica por arrendamientos alcanza los 3.443.480 euros, según los datos elaborados por este diario a partir de información que han detallado algunas conselleries y la que figura en el presupuesto autonómico. La mitad de las consellerias afronta cargas de este tipo.

La que más gastos tiene es Justicia, con 1,7 millones por el arrendamiento de edificios destinados a servicios judiciales y otros como las oficinas de atención a las víctimas del delito, una treintena en las tres provincias. En esa cantidad se incluye el alquiler de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 300.000 euros al año.

La sigue Sanidad con 1,1 millones, Igualdad con 318.360 euros o Innovación, conselleria de nuevo cuño que abona 80.000 euros anuales por la sede de la Fundación para el Fomento de Estudios Superiores en Castelló.

Política Territorial paga 30.300 euros anuales por la sede de la Autoridad de Transporte Metropolitano de la plaza de Tetuán donde trabajan diez personas, mientras Agricultura tiene presupuestados para este año 30.000 euros. Organismos como la Sindicatura de Comptes paga 23.660 euros o la Agencia Antifraude unos 120.000.

La dirección de Patrimonio no ha querido informar de los datos globales solicitados y Sanidad y Agricultura no han dado respuesta a la petición de información sobre los alquileres que abonan.

Pero un informe de la Inspección de la Generalitat, a fecha de abril de 2020, concreta que el Consell paga 62 arrendamientos de inmuebles y se asegura que el coste es de algo más de dos millones de euros. En el documento se señala que el recurso de la Generalitat al alquiler de espacios se produce de forma «excepcional».

El Consell cuenta con al menos cuatro inmuebles vacíos en el centro de València, en las calles Colón, Barcelonina, Conde Trénor y Miquelet. Dos de los cuatro edificios están adscritos a la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, que hace unos meses publicó en el Diario Oficial que buscaba un inmueble para agrupar a trabajadores públicos.

Servicios de proximidad

Fuentes del Consell señalan que hay casos en los que es necesario prestar servicios públicos de proximidad, especialmente en materia de Sanidad o Justicia, en los pueblos y ciudades y no siempre la Generalitat dispone de inmuebles o aquellos de los que puede hacer uso no resultan adecuados para prestar estos servicios.

En estos casos se plantean diversas opciones, como la adquisición de algún recinto, el inicio de nuevas construcciones o convenios con otras administraciones, en particular ayuntamientos. Y añaden que el alquiler en muchos casos es la mejor opción.

El Consell inició en la primera legislatura del Botànic una política de optimización de su patrimonio y de reducción de alquileres consistente en la revisión de los arrendamientos y rehabilitación de edificios propios. Pero se encontró con que el estado de algunos inmuebles de titularidad que están desocupados requería obras de gran calado y se decidió no afrontarlas porque había necesidades más perentorias, agravadas ahora por la covid-19.

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