Ahora no sabe con exactitud a quien pertenece el minúsculo piso en el que vive con su familia, en el barrio de Orriols de València, pero esa austera vivienda de 40 metros cuadrados es el único techo del que dispone y no piensa abandonarlo. Ni por los 1.200 euros que le ha ofrecido «la abogada de la inmobiliaria» de un fondo buitre que llamó a su puerta la semana pasada con un solo objetivo. «Os vamos a desahuciar igual, pero si cogéis el dinero y os vais ya, pues mejor para todos». Ese fue el mensaje.

Se llama Sergio Hernández y vive con su mujer y sus cuatro hijos -de entre 17 y 10 años (uno de ellos con discapacidad)- en un piso con techo y paredes, lo suficiente para vivir juntos aunque muy lejos de lo que sería un hogar con comodidades. Antes de que llegara esta familia la vivienda estuvo cuatro años vacía.

Hace diez años que salieron del circuito del mercado libre de la vivienda. Con la crisis económica de 2008, llegó el paro para este albañil y luego, el desahucio. Y quienes salen del circuito porque no pueden pagar un alquiler o una hipoteca ya no pueden volver a entrar, sobre todo si se tiene en cuenta que los requisitos que exigen inmobiliarias, bancos y particulares pasan por un contrato fijo, avales y varios meses por adelantado.

La familia lleva una década con la etiqueta de «okupa» por las dificultades de encontrar una vivienda digna que pueda pagar y la necesidad de un techo. Una década con seis desahucios por usurpación de vivienda. La última notificación la recibieron en marzo de 2020 pero llegó el estado de alarma y se paralizó el proceso.

Por ese motivo, Levante-EMV contó su historia este verano, un drama basado en la agonía que siente quien no tiene ni techo ni posibilidad de tenerlo de forma legal. Una historia basada en quien es «okupa» en España, el país con más vivienda vacía de toda Europa y con más inmuebles construidos por habitante. Han pasado cinco meses desde entonces y la familia no había vuelto a tener noticias del banco, que ya a principios de 2020 planeaba la venta de la vivienda a un fondo de inversión. La operación se ejecutó y ahora es el fondo buitre quien reclama el minúsculo piso. Sin embargo, primero saca la billetera y ofrece 1.200 euros para obtener, de forma inmediata, tras asegurarle que, si se niega, irán a los tribunales e iniciarán un nuevo proceso de desahucio.

«¿A dónde voy?

Las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables aseguran que es «una práctica habitual» y que, además, las personas vulnerables (y racializadas) no pueden acceder a una vivienda del mercado libre «ni cobrando ayudas». Los abogados que trabajan en casos de desahucios por usurpación de vivienda lo corroboran.

Coger dinero y salir por la puerta no es una oción para Sergio. «Cojo el dinero y ¿a dónde voy? Estamos en pandemia y tengo cuatro hijos. Yo quiero un piso que pueda pagar, una vivienda social. Cobro la Renta Valenciana de Inclusión (990 euros) y puedo pagar un alquiler asequible pero me pieden contrato fijo, meses por adelantado y soy gitano con cuatro hijos. ¿Quién me alquila una vivienda a mí? Pues nadie y encima los precios están imposibles y piden 600 euros por un piso como este. Lo principal es un techo y desde el primer desahucio no levantamos cabeza», explica.

«Es una práctica habitual en ocupaciones y fin de alquiler social»

«Ofrecer dinero a las familias vulnerables para que se vayan cuanto antes es una práctica habitual de bancos y fondos buitre» Así lo aseguran desde El Rogle, una cooperativa de abogados que trabaja para defender los derechos y libertades de las personas vulnerables. 

«Hace unos años solo se veían estos chantajes en temas de ocupaciones pero ahora ya llegan también a personas que finalizan un contrato de alquiler social con el banco. Estamos trabajando en un caso igual con una madre soltera a la que ofrecen 3.000 euros si se va este mes de febrero porque se acaba su contrato de alquiler social y el banco quiere disponer de la vivienda que habían dejado en un alquiler asequible tras una dación en pago. Nosotros siempre recomendamos que no cojan el dinero y que pidan justicia gratuita para que les asesoren», explican. 

Desde la entidad añaden que el problema actual es que «los bancos han vendido sus activos a los fondos buitres y con ellos si que no hay negociación posible. Con las entidades bancarias la negociación es complicada pero con los fondos de inversión no hay opciones».