Cómo evitar un desahucio de familias vulnerables en pandemia

De hecho, si hoy no se ha ido una familia vulnerable de València a la calle (mujer sola con dos hijas a cargo y sin ingresos por la pandemia) ha sido por la resistencia y asesoramiento de colectivos sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València y Burjassot y por la entidad Entrebarris que no han dudado en acercarse hasta la vivienda a la hora prevista para impedir el lanzamiento y conseguir un aplazamiento de un mes. Las entidades, sin embargo, han asegurado que el objetivo es que la mujer se quede en su casa como mínimo hasta el 9 de mayo (como marca el decreto que es cuando está previsto el fin del Estado de Alarma). Ahora bien, para conseguir lo mismo que marca la ley "hay que pedirlo en el juzgado". Ahí está "el truco" de un decreto que no está cumpliendo el objetivo para el que fue diseñado.

Es más, en la guía publicada en la web del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 figura de entrada la pregunta del millón:

-"¿Me pueden desahuciar durante el Estado de Alarma?"

La respuesta es clara y estás en mayúsculas y a mayor tamaño: "No, tanto si la vulnerabilidad es consecuencia de la Covid-19 como si lo fuera por una causa anterior"

La clave de por qué se siguen produciendo desahucios y notificaciones de lanzamiento a familias vulnerables está casi al final de la guía. Y es que hay que solicitar en el juzgado adherirse al decreto y presentar una serie de documentación. Si no se pide de forma expresa, no se aplica de oficio. En la misma guía, respecto a los pasos a seguir se indica lo siguiente:

1. "Deberás enviar un escrito al Juzgado acreditando que reúnes los requisitos y acompañándolo con los documentos requeridos.
2. Deberás pedir un Informe de los servicios sociales competentes. Si acreditas ante el Juzgado que te encuentras en situación de vulnerabilidad, es el letrado de la Administración de Justicia quien deberá comunicarlo a los servicios sociales para su consideración durante el plazo de suspensión extraordinaria.
3. La presentación de tu escrito alegando una situación de vulnerabilidad económica implicará tu consentimiento para que se dé traslado a los servicios sociales para que estos actúen si es necesario.
4. Recibirás un decreto del Letrado de la Administración de Justicia".

Nada de esto sabía la mujer que esta mañana era una manojo de nervios pensando en qué haría si se veía con sus dos pequeñas en la calle. Ella sí había oído y leído las informaciones que aseguraban que se acababan los desahucios en pandemia para personas como ella.

Se llama Lucilda Infantes y el pasado sábado llamó, desesperada, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València. Era su última opción. Tenía fecha de lanzamiento: lunes 22 de febrero, a las 11 horas. La PAH no tenía ni 48 horas de maniobra y en fin de semana. Pero, una vez más lo consiguieron. Los activistas comenzaron a llegar por la mañana (desde PAH València, PAH Burjassot y Entrebarris) con la firme intención de paralizar el desahucio propiciado por un banco que se ha negado "a cogerme dinero alguno, lo he intentando muchas veces pero el banco no ha querido negociar nada conmigo porque no soy la titular de la hipoteca. Es mi exmarido, pero hace dos años que nos dejó tiradas a mí y a las niñas y no ha pagado la hipoteca así que el banco desahucia por impago pero yo llevo dos años intentando negociar con ellos y nada. De hecho, con un director de banco anterior conseguí que me cogieran 8 recibos que sí tengo a mi nombre, pero desde hace más de un año no han querido ni hablar conmigo. Me laman okupa pero yo llevo viviendo aquí 14 años", explica la mujer.

Lucilda no tenía un plan B para hoy. Si la echaban a la calle no tenía a dónde ir. Sus hijas (de 11 y 4 años) se marcharon al colegio sin saber si cuándo salieran volverían o no a su casa. "La mayor quería quedarse para apoyarme pero yo le he dicho que su obligación es ir al colegio", añade. Desde Servicios Sociales le ofrecían un albergue y le realizaron un escrito que demuestra su situación de vulnerabilidad. La mujer agarraba ese papel esta mañana como si le fuera un billete de la lotería que no hay que perder.

A las 11,45 horas llegó a comisión judicial. Representantes de la PAH acompañaron a la mujer a explicar su situación mientras los activistas se organizaban frente al portal de la vivienda. Lucilda explicó su situación, mostró su certificado de vulnerabilidad y ha conseguido un mes de aplazamiento. La PAH, sin embargo, afirma que será dentro de un mes "cuando el juzgado notifique una nueva fecha de lanzamiento y esperamos que apliquen el real decreto que impide desahuciar hasta, como mínimo, el 9 de mayo cuando acabe el Estado de Alarma.

"Los desahucios no se han acabado. Mirad donde estamos. Esto es insoportable porque ni con un decreto estatal antidesahucios conseguimos parar esta sangría y eso que desde 2008 hemos avanzado mucho pero es como si no pasara el tiempo. Cada vez que el Gobierno habla de una ley de Vivienda hay presiones del capital, de los poderes fácticos que se niegan a que la vivienda sea un derecho. Así que los partidos políticos deben decidir ya si están del lado de las familias o del lado del capital porque esta situación, y en pandemia, es insostenible. Las familias no saben lo que deben hacer. Desconocen que deben ir al juzgado a decir que quieren adherirse al decreto y presentar una serie de documentación", explica José Luis González, portavoz de PAH València. Por eso, lamentó que el decreto no se aplique de oficio "para que sea efectivo y ayude a los más vulnerables". Además, advirtió de "auténticos dramas que veremos a partir del 9 de mayo".