La contratación de altos cargos en la empresa pública Imelsa/Divalterra sin cobertura legal podría tener un elevado coste para los responsables políticos del PSPV y Compromís que los promovieron. La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su círculo más estrecho de colaboradores, por impulsar la contratación de siete altos directivos que el Ministerio Público considera delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

También reclama para ellos un total de veinte años de inhabilitación absoluta, además de la prohibición de ejercer cualquier profesión que “comporte asesoramiento jurídico o económico” durante seis años, según el escrito de acusación pública que acaba de ser notificado a las partes. En esta situación se encuentran, además de Rodríguez (actual alcalde de Ontinyent) su jefe de gabinete Ricard Gallego, su exasesor Manuel Reguart y los exgerentes de Imelsa/Divalterra José Ramón Tiller y Agustina Brines.

A los siete exaltos directivos la Fiscalía Anticorrupción los acusa de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios en la malversación de caudales públicos por lo que solicita para cada uno de ellos penas de seis años de prisión. También deberán devolver el total del importe de los salarios percibido por cada uno de ellos, además de la indemnización cuando fueron despedidos.

Por último, el secretario-letrado asesor del consejo de administración de Divalterra y persona de confianza del expresidente de la Diputación, Jorge Cuerda, se enfrenta a una petición de cárcel de seis años de cárcel y veinte años de inhabilitación, junto al exgerente de Divalterra y exalcalde de l’Alcudia de Crespins, Xavier Simón.