Después de dos intentos frustrados en poco más de un año, Divalterra no cesa en su empeño de contratar a una aseguradora que se atreva a cubrir las posibles reclamaciones por responsabilidad civil que puedan dirigirse a su cúpula directiva ante eventuales negligencias, pérdidas u omisiones.

En 2019 y 2020, los concursos promovidos por la empresa pública de la Diputación de València para proteger a sus altos directivos y jefes de servicio quedaron desiertos por la ausencia de compañías interesadas en asumir directamente la póliza, en medio de los diversos embrollos judiciales en los que se encuentra inmersa la firma y los que se le avecinan en el horizonte. Ahora, Divalterra ha rehecho por tercera vez el pliego, incrementando un 14 % el precio que está dispuesta a pagar (una prima máxima de 16.000 euros en dos anualidades) y ampliando los supuestos amparados por el seguro.

Una de las novedades respecto a los anteriores es que extiende las coberturas a cualquier reclamación basada en una negligencia u omisión imprudente cometida por el personal asegurado y formulada contra un cónyuge o pareja de hecho del mismo, que tenga por objeto obtener la reparación del daño por medio de los bienes que tienen en común. También se incluye cualquier reclamación contra herederos legatarios o representantes legales de los asegurados fallecidos o incapacitados jurídicamente.

Otro aspecto es que la aseguradora se hará cargo de cualquier perjuicio que resulte de una investigación del Tribunal de Cuentas a un directivo o consejero asegurado «por un acto incorrecto o una omisión». Lo mismo ocurrirá con cualquier daño que resulte de una reclamación presentada por cuestiones como incurrir en «prácticas de empleo indebidas».

La cúpula de Divalterra también tendrá cubiertos los gastos (hasta un tope de 300.000 euros) si decide contratar unos servicios profesionales externos de relaciones públicas con el objeto de mitigar o restituir los daños causados a su reputación o a su imagen por una reclamación derivada de su cargo. Si los anteriores concursos frustrados se dirigían directamente a la contratación de una póliza con una aseguradora, el último pliego lanzado por Divalterra busca los servicios de una correduría de seguros que haga de intermediaria a cambio de una comisión acordada entre esta y la seguradora que se quede la póliza.

Indemnizaciones máximas

La contratista deberá dar cobertura a indemnizaciones máximas de 3 millones de euros exigidas a consejeros, directivos, jefes de servicio o miembros de la mesa de contratación de la empresa por sus actuaciones. El tope por responsabilidad contable asciende a 1 millón de euros, a 250.000 euros cuando son por prácticas de empleo indebidas.

Otros conceptos que la firma quiere tener cubiertos son las fianzas civiles (con un límite de 1 millón) o la pérdida de documentos (150.000 euros). También las multas administrativas (hasta 60.000 €, los gastos de asistencia psicológica de los directivos (hasta 30.000 euros) y los costes judiciales.