Save the Children y la fundación por Causa afirma que el número de migrantes en situación irregular y con menos de 19 años era en España en 2019 de casi 147.000 personas, dividido prácticamente a partes iguales entre niños y niñas. Esta cifra representa una de cada cinco personas de nacionalidad extracomunitaria registradas en el padrón municipal para ese tramo de edad. Así se recoge en su informe Crecer sin papeles en España, presentado esta mañana.

En la Comunitat Valenciana viven el 13,6% de esos niños y niñas, lo que implica que cerca de 20.000 menores se encuentran en esa situación. Así, esta autonomía es la tercera con mayor número de niños y niñas migrantes en situación irregular, sólo por detrás de Cataluña (34.000) y la Comunidad de Madrid (29.300).

Las dos organizaciones han llevado a cabo un estudio que pone luz ante la invisibilidad que viven niños, niñas y adolescentes migrantes sin papeles en España, quienes tienen una tasa de irregularidad muy por encima de la del conjunto de la población migrante sin papeles, situada alrededor del 13%. La tasa de irregularidad total de niños, niñas y adolescentes migrantes en España es de 20,4%, es decir, de cada cinco niños y niñas migrantes que viven en nuestro país, uno está en situación administrativa irregular. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, esta tasa aumenta al 22,2%.

Asimismo, el estudio desglosa por franja de edad la población infantil y adolescente migrante sin papeles: 55.327 tienen entre 0 y 4 años, 28.441 entre 5 y 9, 22.268 entre 10 y 14 y 40.738 entre 15 y 19 años. El peso de estos grupos sobre la población migrante total es de 37,7%, 19,4%, 15,2% y 27,8%, respectivamente.

Si se desglosan los datos autonómicos, en la Comunitat Valenciana 7.013 tienen entre 0 y 4 años, 4.364 entre 5 y 9, 3.375 entre 10 y 14 y 5.084 entre 15 y 19 años. Esto implica que más de un tercio de los niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular tiene menos de 5 años.

Por otra parte, el peso de estos grupos sobre la población total de niños y niñas migrantes es de 30,3%, 17,6%, 15,9% y 24,2%, respectivamente.

En lo referido a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular en España son de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados. Uno de cada seis niños y niñas sin papeles residente en España proviene de este país. Le siguen en importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. De hecho, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares. África es el origen del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

“En muchas ocasiones a estos niños y niñas se les trata antes por su condición de migrantes que por el hecho de ser niños y niñas, y es algo que no se puede tolerar, ya que son sus derechos más fundamentales los que están en peligro, como su derecho a la Salud o a la Educación”, asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Múltiples daños a la infancia migrante

Las consecuencias de esta situación son tangibles y, a menudo, trágicas y de largo alcance. Los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales. La situación se agrava con la llegada de los hijos e hijas: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad sube al 48%.

Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital recientemente adoptado a nivel estatal y concebido para proporcionar una red básica de seguridad precisamente a quienes están como ellas.

En la Comunitat Valenciana sí que se incluye a la población sin papeles en la Renta Valenciana de Inclusión, pero es necesario garantizar el acceso de estas familias y analizar y eliminar cualquier tipo de traba administrativa que pueda surgir en su tramitación.

“La crisis del Coronavirus puede empeorar todavía más esta situación, ya que muchas administraciones han ralentizado algunos procesos que pueden afectar a este colectivo, como es la tramitación de estas ayudas o de los permisos de residencia”, afirma Hernández.

El acceso efectivo al derecho a la educación también puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Asimismo, es un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria. Estas trabas no necesariamente están en la norma, sino que son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas.

Las diferencias entre la ley y su aplicación también afectan al derecho de la infancia a la salud, donde las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas. La disparidad de criterio de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular. En ocasiones, el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios desvele su situación ante las autoridades policiales aleja de facto a los niños y las niñas de los centros de salud primaria y especializada. El impacto de la irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero uno de los que dejarán una huella más profunda. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida de un modo que resulta difícil de comprender, aseguran las organizaciones en su informe.

El coste de la regularización

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social. Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

De forma complementaria, Save the Children pide proporcionar un régimen jurídico específico para toda la infancia migrante. Con ello se evitaría que su situación administrativa menoscabase el principio del interés superior del menor y de no discriminación, así como se adoptarían medidas para evitar la irregularidad sobrevenida.

“Es fundamental modificar la Ley de Extranjería para incluir, entre otras, estas propuestas y garantizar así que se protege siempre el interés superior del niño o niña, independientemente de su situación administrativa”, señala Hernández.

Por último, Save the Children considera fundamental que se permita el acceso a las familias en situación administrativa irregular al Ingreso Mínimo Vital.

“El número de menores que se encuentran en una situación administrativa irregular en la Comunitat Valenciana sólo representan el 2,2% del total de niños y niñas que viven en nuestra autonomía, por lo que es necesario huir de discursos alarmistas o que inciten al odio contra este colectivo. Lo más importante es que son niños y niñas vulnerables y es nuestro deber como sociedad protegerlos y garantizar que se cumplan sus derechos, como los de cualquier otro niño o niña”, concluye Hernández.