La consellera de Participación y Transparencia , Rosa Pérez Garijo, anunció ayer que la Generalitat colaborará con los ayuntamientos para detectar «qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos» y «preparar la documentación necesaria» para su reversión.
Garijo realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana en busca de acciones que permitan la reversión de estos inmuebles públicos, que se encuentren en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, y después de que los registradores constataran que «son principalmente los ayuntamientos los legitimados para realizar estas reclamaciones».
La consellera anunció que se reunirá con la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para comprobar las circunstancias y características de cada propiedad y determinar así si son susceptibles de reclamación. Según los datos del Gobierno, son 35.000 los inmuebles inmatriculados los que se han detectado, 912 en la Comunitat Valenciana.
El departamento dirigido por Pérez Garijo solicitó en enero de 2020 el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en territorio valenciano para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público.
