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Nueva guerra interna en Divalterra

Antifraude y el tribunal defienden un proceso sobre el que sobrevuelan presiones

Divalterra

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El pasado siempre vuelve a Divalterra. O quizás nunca ha terminado de irse. La última guerra interna en la que se han enzarzado los directivos de la empresa de las brigadas de la diputación a cuenta de la contratación de la nueva jefa de Personal ha entrado en terreno pantanoso, después de que el director jurídico y de Prevención de Riesgos Penales de la entidad pública, José Luis Vera, haya señalado a diferentes miembros de la cúpula como responsables de presuntas irregularidades detectadas en el marco del proceso de selección del puesto.

Entre los apuntados figura el propio gerente, Antonio Mas, pero también el secretario del tribunal de valoración, José Luis Pellicer, uno de los denunciantes del caso Alquería. El informe que Vera remitió este lunes al consejo de administración insta a repetir la baremación de los méritos de la candidata elegida, Eugenia Fernández, después de estimar el recurso de uno de los aspirantes excluidos, José Fambuena. Según el director jurídico, el gerente se «auto-otorgó» la competencia de contratar a la jefa de recursos humanos «en fraude de ley» mediante la aprobación de unas bases de selección que, a juicio de Vera, infringieron los estatutos sociales de Divalterra y el acuerdo del consejo de administración de 2018 que prohíbe a Mas contratar a nuevo personal cuando dicha facultad no le es delegada expresamente por el consejo.

No se paralizó el proceso

El gerente desoyó la orden de paralizar el proceso emitida por el presidente del citado órgano, el diputado Ramiro Rivera (PSPV), y formalizó el contrato de Fernández. Al frente del tribunal de valoración estuvo Vicente J.Domingo, el anterior jefe de recursos humanos de la mercantil, que previamente había compartido vinculación laboral con la ganadora del concurso en el Instituto Valenciano de Acción Social (Ivass).

El informe del director jurídico también cuestiona la actuación del secretario del tribunal. José Luis Pellicer, que entró en la antigua Divalterra en la época del «yonqui del dinero», propuso trasladar a la Agencia Antifraude el expediente completo del proceso selectivo con el objetivo de poner en conocimiento de este organismo las reclamaciones presentadas por el candidato excluido, al considerar «muy graves» sus acusaciones.

Según Vera, la citada propuesta «no podía ser objeto de aprobación» porque no figuraba entre los puntos del orden del día del tribunal y, pese a ello, se materializó el acuerdo de enviar la documentación. El resultado fue que Antifraude se pronunció validando el proceso de selección y rechazando su suspensión. Unas tesis que son rechazadas de plano por el responsable jurídico de Divalterra, que acusa al organismo autonómico de hacer una interpretación errónea del proceso y de someter a una presión injusta al consejo de administración de Divalterra, que, como máximo órgano de decisión de la firma, según Vera sí tiene competencias para paralizar, supervisar y revisar la contratación. El directivo invoca un informe de la Alta Inspección educativa para concluir que la puntuación de los méritos otorgada por el tribunal a la candidata ganadora carecería de validez.

Vera considera que no se valoraron adecuadamente las titulaciones de la aspirante y rebaja a cursos de formación dos másteres presentados como oficiales. Los miembros del tribunal, en cambio, defienden que la baremación y el proceso de selección siguieron todos los cauces, apuntando a posibles presiones para contratar a Fambuena, a quien la diputación ya intentó incorporar en 2020 procedente del Hospital Clínico. A la espera de que el consejo de administración adopte una resolución, el conflicto parece abocado a los tribunales.

CC OO y UGT piden la dimisión de la presidenta del comité

Las tensiones en la cúpula de Divalterra se han trasladado a la plantilla. UGT y CC OO remitieron hace unos días un escrito en el que solicitan que la presidenta del comité (CSIF) abandone el consejo de administración de la empresa de las brigadas porque, según las organizaciones sindicales, «solo responde a sus intereses y como mucho a los de CSIF, pero no a los de los trabajadores». Los sindicatos critican que la presidenta del comité se haya posicionado a favor de la candidata elegida en el proceso de selección de la jefa de personal.

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