Divalterra lleva camino de ofrecer tan mala imagen como Imelsa. Son la misma empresa pública, dependiente de la Diputación de València. Imelsa, la de antes, la del PP, arrastra el trauma de ser el centro de un puñado de causas de la corrupción más pornográfica (aquella del recuento de billetes: mil, dos mil...). Divalterra, la de ahora, la del PSPV sobre todo y algo de Compromís, lleva colgado por ahora el caso Alquería y continúa dando de qué hablar por las guerras de poder.
Imelsa/Divalterra siempre resiste. Por algo será. Jorge Rodríguez, expresidente de la diputación, pensó cargársela nada más llegar al cargo, en 2015. No lo hizo. Lo volvió a sopesar tras la salida como gerente de Víctor Sahuquillo, su hombre de confianza, tras una sucesión de escándalos. Pero tampoco lo hizo.
Toni Gaspar, el actual presidente de la diputación, también se lo planteó al entrar en el despacho en 2018. Pero tampoco. Decidió iniciar la senda de la transformación. Dejó a los políticos (del gobierno y la oposición) en igualdad de número con técnicos y trabajadores en el consejo de administración. La empresa pasaba a estar comandada además por un consejero delegado y un técnico de perfiles técnicos. Y Gaspar anunció que en unos meses pasaría a ser una entidad de derecho público, como un departamento más de la diputación, su única fuente de ingresos en realidad, por lo que no tenía sentido sostenerla como empresa.
Eso era en el otoño de 2018. Estamos casi en la primavera de 2021 y nada ha cambiado. Es más, la apariencia es que los vicios se han enquistado. Divalterra continúa siendo una empresa hoy. Y con tendencias que recuerdan a la vieja Imelsa. Ya sean políticos o técnicos los que estén al frente, parece condenada al escarnio público. Y no es que sea sin motivos, a la vista de los propios informes internos.
La resistencia a la transformación es el trasfondo del último escándalo en torno a la entidad. Ha sido levantar la alfombra de la polémica por la contratación de una nueva jefa de Recursos Humanos y lo que se atisba es una lucha sin pudor de la cúpula directiva (pseudofuncionarial) por no perder espacios de poder.
Los detalles de la última batalla revelan además situaciones singulares. Uno de ellos es el protagonismo de algunos de los directivos que Jorge Rodríguez y su equipo intentaron eliminar antes de verse inmersos en la operación Alquería, porque eran cargos heredados de la etapa de Marcos Benavent (el yonqui del dinero) como gerente. Quien los defendió entonces era el director jurídico, José Luis Vera, como aparece en el auto con el que juez dio por finalizada la instrucción de la causa contra el expresidente Rodríguez. Y Vera, hoy director jurídico y de prevención de riesgos penales, es el que figura enfrentado ahora a los principales directivos de Divalterra en el procedimiento desarrollado por estos para el nombramiento de una nueva jefa de personal. Hasta doce irregularidades enumera en un proceso cuya conflictividad atribuyen los señalados por Vera al interés de la diputación para que la plaza fuera a parar al aspirante que quedó segundo (y que recurrió la convocatoria).
Entre las irregularidades observadas por el responsable jurídico hay alguna tan gruesa (en apariencia) como la contratación de la candidata por el gerente sin pasar por el consejo. O que el presidente del tribunal sea el exjefe de recursos humanos, el cual asimismo pasa a ser empleado de la empresa bajo la jerarquía de la nueva titular de personal. Es todo tan kafkiano que casi solo puede suceder en la entidad antes conocida como Imelsa. Y como estrella invitada, para rizar el rizo, la Agencia Antifraude, a la que el presidente del tribunal pidió amparo.
Y mientras la transformación sigue empantanada, pendiente de informes eternos de los habilitados de la diputación. La incógnita es si también Toni Gaspar se arrepentirá de no haber bajado la persiana de Divalterra. No parece tan complicado si se cree en el adelgazamiento de las diputaciones.
