La contratación de altos cargos en la empresa pública Imelsa presuntamente sin cobertura legal podría tener un elevado coste para los responsables políticos del PSPV y Compromís que los promovieron. La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su círculo más estrecho de colaboradores, por impulsar la contratación a dedo de siete altos directivos, en contra de la legalidad.
El Ministerio Público considera estos hechos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. También reclama para ellos un total de veinte años de inhabilitación absoluta, además de la prohibición de ejercer cualquier profesión que «comporte asesoramiento jurídico o económico» durante seis años, según el escrito de acusación pública notificado ayer a las partes.
A estas acusaciones de ocho años de cárcel deberán de hacer frente, además de Jorge Rodríguez (actual alcalde de Ontinyent) su jefe de gabinete Ricard Gallego, su exasesor Manuel Reguart y los exgerentes de Imelsa José Ramón Tiller y Agustina Brines.
A los siete ex altos directivos procesados la Fiscalía Anticorrupción los acusa de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios en la malversación de caudales públicos por lo que solicita para cada uno de ellos penas de seis años de prisión. También deberán devolver el total del importe de los salarios percibido por cada uno de ellos, además de la indemnización cuando fueron despedidos.
Por último, el secretario-letrado asesor del consejo de administración de Divalterra y persona de confianza del expresidente de la diputación, Jorge Cuerda, se enfrenta a una petición de cárcel de seis años de prisión y veinte años de inhabilitación, junto al exgerente de Divalterra y exalcalde de l’Alcudia de Crespins, Xavier Simón.
Para respaldar esta petición de penas, la Fiscalía Anticorrupción parte de la teoría de que el presidente de la Diputación de València en 2015, Jorge Rodríguez, junto a los gerentes de Imelsa Agustina Brines y José Ramón Tiller «fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa, inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos PSPV y Compromís [que] se estaban repartiendo las áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública».
Sin publicidad ni transparencia
El nuevo organigrama de Imelsa con los siete nuevos altos directivos se presentó el 22 de diciembre de 2015 «sin que se sometiese a votación del consejo de administración». Igualmente las contrataciones se hicieron, según la Fiscalía Anticorrupción, «sin sujetarse a los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad» y sin «ningún expediente de contratación, informe de necesidad, ni solicitud de existencia de crédito o consignación presupuestaria».
La «única motivación era la vinculación de los contratados a los dos partidos que gobernaban la Diputación de València, PSPV-PSOE y Compromís».
A pesar de las diferentes advertencias sobre las dudas que planteaban los contratos de altos directivos, «los acusados, sabedores de su arbitrario e ilegal proceder fueron encargando sucesivos informes jurídicos a diferentes entidades y profesionales con la finalidad de amparar su actuación». Informes que, según Anticorrupción, «todos señalaban el abandono de la legalidad en dichas contrataciones por no resultar acorde con los principios de eficiencia, austeridad y transparencia en la gestión de una empresa pública, dado que no parece acorde con dichos principios de eficiencia y austeridad [el hecho de que] manteniendo la empresa el mismo presupuesto donde antes había un alto cargo, ahora hay 10».
Para la Fiscalía «resulta indudable el perjuicio que supone para las arcas públicas las [siete] contrataciones que no responden a una necesidad efectiva y al desarrollo de funciones de alta dirección en la sociedad ya que cada una de las contrataciones lleva un salario de 54.000 euros con un coste anual para la empresa de 70.000 mil euros».
Anticorrupción también destaca, por último, que «los acusados deciden desistir precipitadamente de los contratados de las áreas creadas ficticiamente cuando tienen conocimiento que uno de los miembros del consejo de administración [de Divalterra], interpone una denuncia penal por los nombramientos».
