Son niños y niñas pero constan como ilegales. Como personas en situación administrativa irregular que pueden ser deportadas en cualquier momento y alejadas de su colegio, de su entorno, de sus amigos y de una vida segura que no tendrían en los países de origen de sus padres. Las familias llegan de manera legal al país –como turistas, trabajadores o solicitantes de protección internacional–y pasan a la irregularidad cuando sus permisos finalizan por alguna razón. Ante la imposibilidad de regresar, se quedan de forma ilegal en el país y viven con miedo. Invisibles, sin dar problemas, sin quejas, sin derechos, sin ayudas y sin que nadie sepa su drama.
Carecer de papeles implica pobreza. La irregularidad multiplica los factores de precariedad y riesgo de exclusión al condenar a estas personas a los empleos más precarios y peor pagados, y al restringir dramáticamente la posibilidad de recibir ayudas públicas. Si hay que poner el DNI o el NIE ellos se quedan fuera. Excluidos están, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sí están incluidos en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pero la realidad es que la burocracia les impide cobrarla. Lo dicho, la casilla del NIE. Ni naciendo aquí son españoles, a no ser que su madre tenga la nacionalidad. Así que si no tienen papeles los padres, no tienen papeles los hijos.
El alto riesgo de pobreza no es la única consecuencia derivada de la irregularidad para los niños y las niñas. Su derecho a la educación puede verse vulnerado si no existe una documentación que permita su acceso a exámenes oficiales, certificaciones, ayudas públicas, prácticas o a la escuela infantil. Adiós a los viajes de fin de curso. Nada que implique rellenar la casilla del NIE, por no hablar de la brecha digital.
Lo mismo ocurre con la sanidad ya que el acceso a la tarjeta sanitaria no siempre se consigue sin una batalla previa. Los problemas se reproducen en ámbitos como el del acceso a una vivienda digna o a la justicia. ¿Qué ocurre si el menor sufre bullying o abusos? El miedo a la deportación es una gran losa y aunque las leyes garantizan estos derechos fundamentales «estas trabas no necesariamente están en la norma, sino que son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades».
Save The Children pone el foco en los menores en situación administrativa irregular con el informe «Crecer sin papeles» y asegura que en la Comunitat Valenciana casi 20.000 están en situación administrativa irregular. Por ello, es la tercera autonomía, solo por detrás de Cataluña (34.000) y Madrid (29.300). En España hay casi 147.000 personas menores de 19 años (con datos de 2019) entre niños y niñas en esta misma circunstancia y el 13,6% residen en la Comunitat Valenciana. Y lo saben porque estar escolarizados implica figurar en el padrón. Por ello, desde Save The Children exigen la «regularización» de estas familias ante una situación que, además, se ha agravado mucho con la pandemia.
Colombia dispara las cifras
La mitad de estos menores tiene menos de 10 años y casi un 40%, menos de 5. Tres de cada cuatro proceden de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados y el informe explica el porqué. «El progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares», apuntan.
Impacto tras la pandemia
Esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia. «De acuerdo con nuestras estimaciones, el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementado en un número superior a los 160.000 trabajadores (un incremento del 42% sobre las cifras actuales). A eso hay que añadir la situación de irregularidad de la infancia derivada de los rechazos a las peticiones de asilo, y que nuestro análisis ha estimado en unos 13.000 casos más», revela el informe.
Por ello, el documento asegura que la pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños y niñas , «sino cuándo y cómo se va a hacer» e instan al Gobierno a «aprovechar la situación abierta por la crisis del coronavirus para plantear medidas excepcionales que resuelvan problemas excepcionales».
Un niño o una niña extranjero sin papeles se expone a una triple vulnerabilidad: como menor de edad, como migrante y como irregular. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida de un modo que resulta difícil de comprender.
