Apaciguada aparentemente la tensión en la cúpula del Consell, el Botànic abre nuevos frentes de fricción en el Legislativo, una discrepancia que la izquierda suele decir que es sana. La agenda de temas en los que los socios tienen visiones distintas crece. Los socialistas se plantaron ayer ante una iniciativa de Unides Podem que pretendía crear una empresa pública valenciana comercializadora de energía dotada de medios y personal pero que los socialistas aseguran que no es necesaria.
Podem remarca que es un compromiso que está en el pacto del Botànic, pero los socialistas responden que el acuerdo de gobierno recoge una agencia de cambio climático y desarrollar la agencia valenciana de la energía, pero no una comercializadora pública como quieren los morados.
La propuesta de Unides Podem la apoya Compromís e incluso tiene el visto bueno de la Conselleria de Economía que dirige precisamente la coalición.
En esas, Podem acusa a los socialistas y por elevación al Gobierno de España de negarse a acometer la reforma del sector eléctrico. «Es hora de dejar de tener miedo a los poderosos», lanzó en el pleno la diputada de Unides Podem Estefanía Blanes. «Hay experimentos de comercializadora pública que no han salido bien y ahora quieren crearla porque la luz ha subido once días cuando el coste de la energía se está abaratando», le respondió el síndic socialista, Manolo Mata.
El cierre de la nuclear
El debate de la energía entronca con el del cierre de la central nuclear de Cofrentes. Los tres partidos del Botànic estuvieron representados recientemente en un acto reivindicativo en favor del desmantelamiento de la central organizado por la plataforma Tanquem Cofrents, pero ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en el Congreso que ese proceso hay que hacerlo con cuidado después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya decidido una prórroga de diez años. «Esperemos que todo el Botànic apoye cerrar Cofrentes», dijo Blanes con cierto tono de desconfianza.
Además, Unides Podem no va a cerrar la presión sobre la delegada del Gobierno, la socialista Gloria Calero, y la síndica, Pilar Lima, ha pedido reunir a la Comisión de Justicia para decidir la comparecencia de la representante gubernamental por el operativo policial durante las protestas en València derivadas de la detención del rapero Pablo Hasél.
Justo el mismo día, ayer, en que el síndic socialista, Manolo Mata, felicitaba a Calero por las decisiones tomadas sobre el terreno que impidieron que la protesta alcanzara en València lo vivido en las calles de Madrid o Barcelona.
Fondo covid por la tercera ola
Mientras, Compromís anunció ayer que presenta una iniciativa para la puesta en marcha de un nuevo fondo covid que alivie sobre todo a las autonomías que como la valenciana han sufrido con mayor violencia la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, fuentes del PSPV señalaron que esa propuesta resultaba inoportuna porque justo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayudas por valor de 11.000 millones, aunque la coalición responde que ese fondo es para colectivos afectados y no para autonomías especialmente afectadas como la valenciana.
La propuesta anunciada por el síndic de Compromís, Fran Ferri, reclama también la reforma inmediata de la financiación, algo en lo que todos los partidos están de acuerdo, la regularización de la deuda causada por la infrafinanciación y el establecimiento de medidas compensatorias, como el fondo de nivelación mientras no se aprueba la reforma de la financiación.
