El pleno del Consell aprobará hoy la declaración de interés general para actividades, obras e infraestructuras sanitarias, servicios sociales o el tratamiento y retirada de los residuos covid. El decreto-ley que saldrá adelante permitirá al ejecutivo valenciano la adopción de medidas urgentes frente a la pandemia, como pueda ser la agilización de trámites administrativos y que impulsen la ejecución de instalaciones necesarias o actuaciones preferentes.

Esta iniciativa permitirá la eliminación de aquellos obstáculos que puedan entorpecer la puesta en marcha de proyectos considerados básicos por los distintos departamentos de la Generalitat. A la figura del interés general ya recurrió el Botànic con las obras de ampliación del Hospital Clínico el pasado 5 de febrero. Cuatro semanas después, se amplía ahora el foco para incluir al resto de hospitales, centros sanitarios integrados, de especialidades, de transfusión o ambulatorios.

También se contempla esta apuesta del Consell para unidades de salud mental e institutos de medicinal legal. Cabe recordar que el gobierno valenciano ya anunció que planteaba destinar 256 millones de los fondos europeos de reconstrucción React-EU para estos menesteres.

En los presupuestos de la Generalitat para 2021 la Conselleria de Sanidad y Salud Pública preveía un refuerzo de la atención primaria, con la construcción de veinte centros de salud o las mejoras en otra docena de ambulatorios podrían acelerarse con esta decisión. El decreto-ley incide precisamente en el esfuerzo financiero y logístico mantenido en el tiempo al que ha conducido la grave crisis sanitaria, especialmente ahora que la actividad asistencial se ha de desdoblar para atender al control de la pandemia y gestionar la vacunación.

El proyecto de decreto ley incide en que se da cumplimiento a la seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia. Destacando que las medidas que incorpora son congruentes e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos fijados.

Falta de residencias públicas

En cuanto al sector socio sanitario, se podrá actuar con carácter de urgencia en residencias, viviendas y centros de carácter diurno, nocturno y ambulatorio del Sistema Público Valenciano. Se entiende que se podrán tomar determinaciones sobre el funcionamiento en determinadas situaciones, pero también pisar el acelerador con requisitos burocráticos para la construcción de nuevas dotaciones. Algunos de los principales reproches de los últimos años precisamente le han llegado al Botànic por la falta de inversiones en residencias públicas. Es el caso del retraso en la construcción del centro de Sant Mateu, cuya redacción del proyecto se adjudicó el verano pasado tras retrasarse por el estado de alarma e iniciarse las prospecciones de las obras en septiembre de 2020.

Mención aparte merece el capítulo de los residuos sanitarios de tipo III, donde se contempla también la declaración de interés general tanto para las instalaciones, propias o contratadas, de recogida, transporte, transferencia y tratamiento. Se podrían agilizar algunas diligencias que en las últimas semanas han ralentizado la destrucción de los desechos almacenados aún en Feria València e IFA Alicante.