La recomendación de modificar el calendario escolar de Fallas y sus festivos locales y reconvertir los días de fallas en lectivos -a lo que se oponen los sindicatos docentes- ha pillado por sorpresa a los equipos directivos de los colegios e institutos, que recibieron la noticia a través de los medios de comunicación, igual que el profesorado que, de haber cambios, deberá rehacer la planificación de las clases.

Desde la Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària del País Valencià (Adip-PV) explican que no entienden la propuesta porque «no se ha hablado con la Conselleria de Educación en ninguna reunión, como también han criticado desde la confederación de ampa Gonzalo Anaya. «No lo entendemos, porque nadie nos ha manifestado nada y por esos los consejos escolares municipales (CEM) se volvieron a reafirmar en la misma postura; esto se ha dedicido a posteriori...», lamenta Joaquina Barba, presidenta de Adip-PV.

«No nos importaría abrir si se hubiera decidido, pero es la manera con la que se han hecho las cosas», añade, al tiempo que asegura que algunos comentarios que cuestionan la labor docente durante la pandemia les «duelen».

Eso sí, «pensamos que los días festivos y vacaciones son para los niños, nos amoldamos a lo que haya, pero necesitan su descanso», considera la directora.

En la misma línea se manifiestan los equipos directivos de los institutos desde Adies-PV, que hace unas semanas ya se mostraron a favor de «paradas pedagógicas».

Ahora lo mantienen y añaden que la recomendación del Consell «se entiende desde el punto de vista de la pandemia, pero llega a contratiempo y es complejo administrativamente», pues los cambios deben notificarse a Educación. De hecho, la conselleria sí apunta que «aceptará todas las modificaciones de calendario escolar que aprueban los CEM a partir de la recomendación de Sanidad».

Preguntado hace 10 días por la cuestión, el conseller, Vicent Marzà, recordó que se trata de una competencia de ámbito municipal (en referencia a los consejos escolares municipales), aunque dejó caer que “lo lógico sería que hubiera un criterio emanado por la Conselleria de Sanidad”, en función “de la necesidad real de la situación epidemiológica”.