«Los Borbones son unos ladrones», «La Policía tortura y asesina», «Estado terrorista, Estado fascista». Éstas fueron algunas de las consignas coreadas durante una protesta antifascista organizada en Petrer en julio de 2020 contra el procesamiento del rapero Pablo Hasél. La Policía presentó denuncia por estos hechos y un juzgado de Elda citó a declarar como investigados a dos jóvenes por un delito de odio. Ambos se negaron a declarar, mientras sus compañeros celebraban una concentración frente al Palacio de Justicia. La jueza ha archivado ahora la denuncia al entender que las frases proferidas estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso, por lo que ahora la Fiscalía deberá decidir si decide mantener la causa abierta. Desde fuentes de la defensa se indicó que el final del plazo para que esta decisión sea definitiva está a punto de agotarse.

«Las expresiones vertidas públicamente por los investigados carecen de mensaje de odio, configurándose como críticas dirigidas a distintos colectivos por razón de la función que desempeñan», argumenta la titular del juzgado número tres de Elda en el auto de archivo. Por este motivo, entiende que no se reúnen las condiciones para poder acusar de un delito de odio a los dos investigados.

La resolución recoge que la legislación contra los delitos de odio persigue «a los que públicamente fomenten promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». Unos requisitos que para la juez no se han dado en este caso.

No declararon

La protesta por la que se produjo la denuncia se celebró en Petrer el pasado julio, convocada por el colectivo Asamblea Popular. Con ella se pretendía expresar el apoyo de la asociación a Hasél, que por aquellos días ya se enfrentaba al escenario de su inminente encarcelamiento. Las consignas coreadas fueron anotadas por la Policía que presentó denuncia por si alguna de ellas podría constituir un delito de odio por la autoridad judicial. El juzgado citó a los dos jóvenes el pasado 3 de febrero, cuando todavía el rapero no había pisado la cárcel.

Los dos jóvenes, asistidos por el letrado Arturo Atón, se acogieron a su derecho a no declarar. A las puertas del Palacio de Justicia se celebraba otra concentración en apoyo de los dos investigados que rechazaban que los hechos que se les atribuían constituyeran delito alguno y que la protesta era en defensa de la libertad de expresión.

Una concentración que fue un preludio a lo que vino después, a raíz de que Hasél fuera encarcelado.