Nuevos nombres, pero la misma filosofía de trabajo. El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar (PSPV), elevó ayer a la junta general de Divalterra el nombramiento de tres nuevos consejeros de rango funcionarial en un intento por reconducir la situación de ingobernabilidad en la que ha quedado la empresa de las brigadas tras la renuncia de la mitad de los miembros del consejo de administración.
Aunque la última crisis desatada en la entidad puso encima de la mesa la posibilidad de que la corporación provincial tomara el control directo para desatascar el bloqueo interno generado por los intereses cruzados de varios directivos y jefes de área, finalmente Gaspar ha optado por mantener el perfil mayoritariamente técnico del consejo mediante una renovación exprés que cubre todas las vacantes no políticas.
A la tesorera, que dimitió el viernes, la sustituirá Pau Martínez, coordinador del área económica de la diputación, mientras que el jefe de gabinete del área de Administración General, José Luis Aragón, cubrirá el otro hueco. La tercera incorporación es la de Luis Felipe Martínez, un funcionario del Estado vinculado al PSPV que ha ocupado cargos de responsabilidad en el Gobierno, la Generalitat y la ejecutiva socialista de València. Fue subdelegado del Gobierno entre 2004 y 2011 y recientemente ha ejercido como subsecretario en la Conselleria de Justicia y como secretario de la Autoridad Portuaria.
A los nuevos nombramientos se suman los de José Morgan e Ignacio Sánchez, propuestos por el PP y Ciudadanos respectivamente para reemplazar a sus anteriores consejeros, también cesados. Los relevos salieron adelante con la abstención de Vox, La Vall ens Uneix, y el diputado no adscrito, Carlos Gil. De momento, Compromís se ha quedado sin representación en el consejo de Divalterra: ayer no planteó a ningún sustituto para cubrir el puesto del dimitido Emili Altur. La coalición está sondeando posibles candidatos.
Nueva vía de solución
Con la recomposición del órgano de gestión se abre una nueva vía para desatascar los graves problemas enquistadas que han desencadenado los últimos enfrentamientos en la entidad, como el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos, que el director jurídico pide repetir por las presuntas irregularidades detectadas. En el último consejo, este punto tuvo que aplazarse por falta de acuerdo.
En la junta de ayer, PP y Cs pidieron explicaciones, pero al no estar en el orden del día no hubo debate. También lamentaron que el nombre de los consejeros no se conoció hasta el inicio de la reunión. La Vall ens Uneix aseguró que Divalterra sigue arrastrando «los mismos vicios» desde la época de Alfonso Rus y atribuyó el último enredo a «la gente que dinamitó la empresa desde dentro y continúa igual, haciendo y deshaciendo», en alusión a algunos técnicos que entraron a dedo. Gaspar pidió «el menor ruido posible por respeto a los 700 trabajadores» y prometió tener lista la reconversión para la próxima junta general.
