Asegurar la protección de quienes en un momento dado puedan denunciar o informar de posibles irregularidades en el ámbito de las administraciones o de las grandes empresas es una de las claves de la directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo.
Y la herramienta crucial para que ayuntamientos, a partir de 10.000 habitantes, y grandes empresas que superen los 50 trabajadores cumplan con esta norma europea, que entrará en vigor a final de año, es la habilitación de buzones de denuncia que garanticen la confidencialidad.
De esta forma se podrán dar a conocer posibles infracciones en materia no solo de contratación pública, sino de productos financieros o también en los campos de la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria o la salud pública porque la directiva europea es aplicable a una docena de ámbitos concretos.
La norma ampara a posibles denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que dispongan de información sobre posibles irregularidades, pero también por ejemplo a proveedores.
«El buzón viene para quedarse en todas las administraciones, que a partir de final de año tendrán la obligación de habilitarlos para cumplir con la directiva que obliga a crear canales seguros y confidenciales en todos los municipios de más de diez mil habitantes y en todas las administraciones públicas de carácter territorial», señala el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, uno de los organismos que dispone de ese buzón de denuncias anónimo, accesible desde la propia web de la institución, y que le ha permitido iniciar por esta vías numerosas investigaciones.
Llinares advierte de que muchas de las instituciones y grandes empresas a las que se dirige la norma desconocen esta obligación. Lo que se plantea es la obligación de disponer de buzones de denuncias a dos niveles: uno interno, que permita a trabajadores o funcionarios presentar alertas de posibles irregularidades y una referencia a un buzón externo que puede ser el de la Agencia Antifraude en el caso de la Administración Pública y en el caso de las grandes mercantiles deberán generar estructuras conjuntas, que tienen que ser independientes, como, por ejemplo, la que ya dispone la Comisión de Defensa de la Competencia.
Obligaciones poco conocidas
Llinares advierte de que todos estos aspectos son muy poco conocidos, pero señala que la directiva lo institucionaliza y se trata de una norma que es de aplicación directa incluso aunque el parlamento español no la convierta en ley. La directiva europea insiste especialmente en la necesidad de proteger al denunciante, que puede dar pistas para una investigación y quedarse totalmente fuera del proceso, porque el miedo a las represalias sigue siendo importante». La Agencia Antifraude, por ejemplo, tiene en la actualidad una veintena de denunciantes con estatus de protección, la mayoría funcionarios públicos.
«El buzón es una herramienta clave y por ahí van los convenios internacionales y la directiva europea de protección de los denunciantes», explica Llinares. «Esto es muy novedoso porque antes a quien quería denunciar le decían pues vete al juzgado o a la Policía, por eso un buzón fácilmente accesible es clave», señala.
