La Audiencia de Valencia juzga la quinta pieza del conocido como caso Cooperación, referida al supuesto amaño en contratos informáticos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2008 y 2011, cuando Rafael Blasco estaba al frente de esta cartera, por valor de más de un millón de euros. El fiscal pedirá dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco en el juicio contra él que tiene previsto celebrar la Audiencia de València a partir de este miércoles.

Según el escrito del fiscal, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros podrían haber sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública, entre 2008 y 2011. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

Además de Blasco, están acusados el empresario Augusto César Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, y el exjefe de servicio de informática Javier Murcia. La Fiscalía pide también dos años y medio para Tauroni y dos años para Sanjuán; con la excepción de Murcia, el resto de los inculpados ha sido ya condenado en otras piezas del mismo caso.