«La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible». Así lo defiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al establecer los principios que sustentan el quinto objetivo de su Agenda 2030.
Entre sus metas destaca la eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas contra niñas y mujeres, así como las denominadas «prácticas nocivas». Es decir, la erradicación del matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
Este objetivo también fija un horizonte en el que se reconozca y valore el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos y políticas de protección social, además de asegurar la plena participación de las mujeres en los puestos de liderazgo político, económico y público. Metas que, del mismo modo, también abogan por el acceso universal a la salud sexual y reproductiva.
No obstante, la misma organización internacional advierte que la expansión del coronavirus compromete la consecución de este noble objetivo. Ya en abril de 2020, tan solo un mes después de que la covid-19 fuese declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el secretario general de la ONU advertía de que «los escasos avances en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres conseguidos a lo largo de las décadas están en peligro de retroceso como consecuencia de la pandemia». Transcurrido un año, la evidencia arroja datos desalentadores.
Desprotección e inseguridad
Las mujeres desempeñan, como establece la ONU, un «papel desproporcionado» en la respuesta al virus. Según el informe Covid-19: A gender lens, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), estas representan el 70 % del músculo laboral de los sectores sanitario y social.
Es decir, matronas, celadoras, enfermeras, personal de limpieza de centros hospitalarios, médicas, farmacéuticas, etc., están en la primera línea de contención del virus SARS-CoV-2.
En este sentido, el monográfico expone que la destinación de los recursos médicos y asistenciales con el fin de dar respuesta a la emergencia sanitaria de la pandemia puede traducirse en un aumento de la mortalidad materna y neonatal y en un mayor número de abortos inseguros, así como en la proliferación de infecciones de transmisión sexual.
Una sobrexposición que afecta a las mujeres en el ámbito sanitario de forma transversal, pero también a las cuidadoras y empleadas de hogar. Tanto es así que, según la ONU, cerca del 60 % de la población femenina trabaja en mercados laborales inseguros y participa en la economía sumergida, perpetuando la violencia económica y aumentando su riesgo de pobreza.
De hecho, el último estudio elaborado por Aiudo refleja que más del 34 % de las empleadas de hogar en España trabaja sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Es decir, más de 180.000 trabajadoras ejercen su actividad sin tener un contrato.
Además, el escrito —los datos que arroja están avalados por la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC)— apunta que el 46 % de estas empleadas cobra un precio inferior por hora (hasta el 7 % menos) al establecido en el Real Decreto 1620/2011. Paralelamente, el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos, destaca la ONU.
Y es que, pese a los avances alcanzados en las últimas décadas en materia de igualdad de género y oportunidades, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas. Una evidencia que se materializó el pasado mes de febrero en el encuentro anual del proyecto «#CEOPorLaDiversidad», la primera alianza europea de empresarios que busca liderar una estrategia igualitaria, equitativa e inclusiva (De&I).
Desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, su misión se centra en consolidar las políticas De&I como un pilar de competitividad del tejido empresarial español. Uno que, quizá, logre mitigar la escasa presencia de mujeres en los puestos de liderazgo, tanto económico como político.
Así, en una sociedad en la que una de cada cinco mujeres menores de 49 años sufre violencia sexual y física, la violencia económica se invisibiliza y los programas de asistencia no disponen de los recursos suficientes, la educación y concienciación no es solo una alternativa, sino una obligación.
Como establece la ONU, «la pandemia brinda una oportunidad para tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales y para construir un mundo más justo y resiliente».
