El juicio del caso Blasco que acababa de comenzar hace escasamente media hora se ha suspendido tras desmayarse uno de los cuatros acusados que se sentaban en el banquillo de los acusados, el informático Javier M. G. La vista estaba aún en fase de cuestiones previas cuando Javier M. G. se ha levantado de su silla y se ha dirigido tambaleándose hacia los magistrados que presiden el juicio, para indicar a la presidenta de la sala que no se encontraba bién. Apenas comunicar su indisposición el hombre se ha desplomado en el suelo.

La vista se interrumpió de forma abrupta mientras algunos letrados asistían a Javier M. G. que permanecía tumbado en el suelo y con los pies en alto. En un primer momento fue asistido por un médico forense del Instituto de Medicina Legal. Aunque debido a su mal estado, se ha requerido la presencia de un equipo del SAMU durante unos veinte minutos, antes de ser trasladado a un centro hospitalario, con las constantes vitales monitorizadas. Según han confirmado varias fuentes a Levante-EMV, Javier M. G. ha sufrido un infarto. Un problema cardiaco que ya sufrió cuando declaró como investigado durante la instrucción.

El juicio que debía haberse iniciado hoy es la tercera pieza, y última, del caso Blasco que analizará los presuntos amaños de siete contratos de informática la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía -después Solidaridad y Ciudadanía- cuando estaban dirigidas por el político de Alzira. A Blasco lo acompañan de nuevo en el banquillo de los acusados el empresario Augusto Tauroni, la exsubsecretaria de Blasco en sus sucesivas etapas como conseller, Tina Sanjuán, y el exjefe de informática de la conselleria que ha sufrido la indisposición.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de cárcel de entre dos años y dos años y ocho meses de cárcel. Los hechos investigados en esta pieza, se descubrieron mientras se investigaba el desvío de las ayudas a la cooperación. Los contratos se adjudicaban a multinacionales como Fujitsu España Service o Ibermática, pero en realidad los trabajos los realizaba Augusto Tauroni a través de sus empresas Dinamiz-e y S&C Visión y Análisis. Los siete contratos bajo sospecha ascendieron a un millón de euros.

Las ONG piden 5 años de cárcel para el exconseller Blasco en su tercer juicio Agencia EFE

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