La comisión de servicios es una fórmula que suele utilizarse para reclutar a funcionarios en casos de urgente e inaplazable necesidad, aunque a veces su duración se eterniza en el tiempo mucho más allá de lo que marca la ley. Así lo ha constatado la Agencia Antifraude tras analizar una denuncia que cuestionó la sucesión de prórrogas a través de las cuales la Diputación de València ha cubierto durante años tres puestos pertenecientes a su cúpula fiscalizadora con funcionarios con plaza en otros ayuntamientos.
En su resolución, Antifraude advierte de situaciones de «inseguridad jurídica» y de «discordancias» entre los expedientes tramitados por las entidades locales implicadas en la denuncia. Por eso, pide a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat que ponga coto al abuso de esta vía de contratación exprés de funcionarios habilitados nacionales a través de una circular con instrucciones claras sobre el régimen jurídico aplicable, el periodo máximo de duración de las comisiones de servicio, las posibles prórrogas y otros aspectos que podrían haberse vulnerado en los casos examinados.
Aunque su plazo no debería exceder por ley los dos años, la Agencia señala que, en los puestos de la viceintervención, intervención y tesorería de la diputación, una vez transcurrido ese tiempo volvieron a tramitarse nuevas comisiones de servicio en favor de los mismos funcionarios. En su contestación, la dirección general de Administración Local replica que se sigue en todo momento la normativaestatal y un decreto específico a nivel autonómico para autorizar las comisiones, si bien Antifraude detecta cambios en la forma de cobertura de las plazas y diferencias temporales que no considera amparada por esta última norma.
El organismo también pone el foco en un informe del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Paterna en contra de la prórroga de la comisión de servicio de la tesorera de la diputación que no se incluyó inicialmente en el expediente remitido por este consistorio. Por su parte, la corporación provincial recalcó que no es la encargada de aprobar las comisiones (competencia de la Generalitat), sino de solicitarlas, y defendió que su baremo para la elección de los puestos fue ratificado en sede judicial. En 2019, Antifraude ya señaló irregularidades en la cobertura de la plaza de viceinterventor, una cuestión que terminó en los tribunales. Una de las últimas funcionarias en entrar por esta vía a la diputación ha sido la nueva directora del Teatro Escalante, exalcaldesa de Guardamar.
