No figura entre las vías de actuación prioritarias en estos momentos, pero la Conselleria de Vivienda no cierra la puerta a explorarla si se demuestra su efectividad a la hora de evitar desahucios. El camino emprendido por el Gobierno balear para expropiar viviendas en manos de bancos y fondos buitre con la intención de ofertarlas en régimen de alquiler social ha sentado un precedente inédito cuya evolución otras comunidades siguen de cerca.
Del éxito o fracaso de esta pionera iniciativa dependerá en buena medida si se produce un efecto imitación en los demás territorios, a la espera de que finalmente acabe materializándose sin tropezar con ninguna piedra insalvable en los tribunales.
De momento, la operación en las Balares se ciñe a 56 pisos en propiedad de grandes tenedores cuya cesión obligatoria de uso temporal durante un periodo de 7 años costará al ejecutivo de la socialista Francina Amerngol 1,8 millones de euros.
En la Comunitat Valenciana, mientras tanto, la Conselleria de Vivienda no descarta seguir los pasos del gobierno balear, aunque ahora mismo el departamento que dirige el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), prefiere centrarse en ampliar el parque público de forma definitiva (y no provisional) con la compra de viviendas en propiedad a través de otros mecanismos que han ido poniéndose en marcha bajo el mandato del Botànic. La conselleria saca pecho porque está convencida de que ha hecho los deberes sin haber tenido que llegar a aplicar fórmulas estrictamente expropiatorias.
Fuentes del área autonómica cifran en más de 400 las viviendas adquiridas en el último año (frente a las 51 de 2019) para paliar el déficit de pisos sociales existente. La mayoría de las operaciones (235 en 2020 por un precio medio de 35.000 euros) se formalizó recurriendo al nuevo decreto de tanteo y retracto -recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional- que refuerza el derecho preferente de compra de la Generalitat ante determinadas «transmisiones singulares», cuando se venden grupos de vivienda de golpe, así como en las daciones en pago, las ejecuciones hipotecarias o en las ventas extrajudiciales en sede notarial.
El resto de viviendas se adquirió a través de procesos de compra directa y de concursos públicos, aunque en esos casos el coste para las arcas autonómicas suele ser mayor y las operaciones han resultado menos efectivas. La conselleria asegura que los vendedores no se ven perjudicados con el decreto de tanteo porque la norma permite igualar el precio que estaba dispuesto a pagar por los pisos el comprador inicial.
Frenar la especulación
Pese a todo, Vivienda se muestra abierta a la posibilidad de estudiar nuevas medidas similares a las de Baleares, que permitan establecer la obligación por parte de un gran propietario de arrendar una vivienda, en caso de ejecución hipotecaria, a la persona que vivía allí previamente. «Implementaremos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para frenar la especulación y garantizar que las personas se queden en sus casas», resaltan desde la conselleria.
Las estimaciones apuntan a que la Comunitat Valenciana necesitaría doblar el actual parque público de viviendas -compuesto por unas 17.000 casas- para satisfacer las demandas actuales. El departamento autonómico maneja este año un presupuesto de 36 millones y se ha trazado el objetivo de incorporar 650 nuevas viviendas a la red.
Sacar los pisos del mercado especulativo y ponerlos «en manos de quienes los necesitan» es precisamente el reto que se ha marcado el gobierno Baleares en su controvertida apuesta por las expropiaciones, que justifica apelando a la «objetiva necesidad de vivienda» y basándose en una ley autonómica de 2018. Otros territorios, como Cantabria, han reaccionado rechazando la medida y reclamando al Gobierno que articule fórmulas alternativas.
Una quincena de entidades sociales y sindicatos se concentraron ayer a las puertas del Ayuntamiento de València para reclamar que la futura Ley de Vivienda haga frente a la «emergencia habitacional», prohiba los desahucios de personas vulnerables sin alternativa y amplíe el parque público de alquiler social. En definitiva, piden que la nueva normativa estatal no acabe siendo una «parafernalia» y que no quede en «papel mojado», y garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada.
