Un grupo de entre 30 mujeres pertenecientes a un colectivo feminista han accedido al interior del edificio de Delegación del Gobierno de València. Allí han pedido reunirse con la delegada del Gobierno Gloria Calero, para que atendiera sus reivindicaciones.

Ante la insistencia del grupo de feministas, Vicent Bufort, jefe del Gabinete de la Delegación ha bajado para atenderlas.

La Assemblea Feminista de València lanzó una convocatoria para "ocupar la Delegación del Gobierno". Entre sus peticiones se encuentra la derogación de la Ley Mordaza en su totalidad, archivar todos los procedimientos sancionadores administrativos en curso relativos al movimiento feminista y que se han llevado a término desde la primera huelga feminista de 2018 y reconocimiento de las cargas y abusos policiales en las movilizaciones por la libertad de expresión de las últimas semanas en València ciudad.

Esta misma mañana a las 11.00 horas la delegada del Gobierno tenía prevista en la agenda una reunión telemática con un grupo de 20 mujeres como muestra del papel esencial de las féminas en la pandemia. Sin embargo, sobre las 10.30 horas un grupo de alrededor de 30 mujeres han acudido a la Delegación con la intención de "ocupar" el edificio. Repartidas en dos grupos, se han saltado el control de acceso y seguridad y se han instalado en el patio interior del inmueble de forma ilegal.

La delegada del Gobierno ha decidido seguir con el acto previsto y ha pedido a las mujeres, ataviadas con ropa violeta, que desalojaran el edificio, eligieran a tres o cuatro representantes para más tarde reunirse con ella y tratar los temas pertinentes.

Sin embargo, fuentes de toda solvencia, han asegurado a Levante-EMV que la postura de las mujeres es la de que o entran todas a hablar con la delegada o ninguna.

Finalmente, Calero ha bajado, junto con el subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, y un grupo de guardias civiles para hablar con ellas e intentar que salgan del edificio de forma pacífica ya que han entrado de forma irregular.

Sobre las 12.00 horas, el grupo de mujeres seguía en el interior de la Delegación de Gobierno y han sido identificadas por la Guardia Civil. Mientras, según han informado a este periódico, esta convocatoria ha seguido circulando por las redes sociales y se está acumulando más gente en la puerta.

El origen de esta ocupación hay que buscarlo hace apenas cuatro días cuando la delegada del Gobierno había convocado a portavoces del movimiento feministas (la propia Assemblea y la Coordinadora Feminista que engloba el grueso de entidades de mujeres) para abordar las celebraciones en torno al 8M. Un contacto que, según la Delegación de Gobierno, se hace habitualmente ante concentraciones que pueden movilizar a más personas, como es el caso del 8M o el 9 d’Octubre, y con el objetivo de recordar las medidas de seguridad propias de la pandemia. De hecho, la propia Calero les comunicó además que si durante las movilizaciones observaban la presencia de grupos de extrema derecha, avisaran de inmediato porque se iba a proceder a su desalojo.

Sin embargo, desde la Assemblea cargaron contra Calero por este encuentro al entender que han hecho todas las comunicaciones correspondientes (han convocado una serie de acciones entre los días 6 y 8 con media docena de concentraciones) y aprovecharon para «visibilizar» su rechazo a la Delegación por sus 20 multas que suman más de 11.000 euros por ejercer el derecho a huelga. Recordaron que a estas sanciones se suman otras por el primer juicio a una de las piqueteras sancionadas un 8M y desvelaron que la Delegación se había puesto en contacto con ellas para dar un «paso atrás». A su juicio, esto demuestra que con voluntad política «puede retirar las multas» y aseguran que no se detendrán hasta que no se desestimen todas.

El comunicado se dirige en términos muy duros contra Calero y el PSOE: «El feminismo no es una etiqueta, es la lucha radical para dar la vuelta a este sistema patriarcal, capitalista y racista», señala.

Un grupo de feministas entra en la Delegación del Gobierno en València LMV

Sobre las 15:30 horas, las 50 mujeres que había entrado en Delegación de Gobierno han decidido poner fin a su concentración tras la reunión mantenida con la delegada del Gobierno.

Entre las reivindicaciones de las activistas figuran al archivo de todos los procedimientos administrativos en curso relativos al movimiento feminista y que suman más de 11.000 euros en multas desde 2018. Piden un reconocimiento público donde conste que las personas más afectada por la "ley mordaza" han sido especialmente las mujeres migrantes y reclaman el reconocimiento de las cargas y abusos policiales a las movilizaciones por la libertad de expresión.

Durante su encuentro, la delegada del Gobierno les ha dicho que no tenía competencias para derogar la "ley Mordaza" ni atender al resto de sus pretensiones. Sin embargo, Calero se ha ofrecido a trasladar el documento con sus reivindicaciones al Ministerio del Interior y al de Política Territorial.

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